Luis Ayúcar, fotografiado por mi compañero Juan Marín acudiendo al juzgado

Luis Ayúcar, con un aspecto inmejorable a sus casi 60 años, dio carpetazo el fiasco de proceso judicial del fraude del viñedo con un “sí, acepto”. Fueron las únicas palabras que salieron de su boca en estos 14 años al aceptar una irrisoria condena: 1.080 euros de multa, que le servirán para conmutar la pena de 24 meses de cárcel, y una indemnización por las estafas de 219.000 euros, que de forma subsidiaria recaé en la Comunidad Autónoma y que pagaremos en gran parte todos los contribuyentes por su situación de insolvencia, ya que de los supuestos más de 100 millones de pesetas que se embolsó, o se repartió con sus cómplices, nada más se supo.

La sentencia que está redactando la juez de la Audiencia, basada en el pacto promovido por el fiscal con acusaciones y acusados –sin responsabilizar de ella a las instancias judiciales que, evidentemente, están condicionadas por las dilaciones indebidas cuando han pasado 14 años desde que se inició el procedimiento-, es aún más fraudulenta que las propias estafas.

Primero, porque nunca se sabrá si fueron cien hectáreas o miles las que creó el funcionario en un proceso de regularización histórico que Ayúcar, como responsable del registro de Viñedo, manejó a su antojo.

Segundo, porque la multa es una broma (1.000 euros), más cuando enfrentaba una condena de 11 años de prisión.

Tercero, porque seremos los contribuyentes los que pagaremos (el seguro de la CCAA no cubre delitos penales) gran parte de la indemnización a bodegas y particulares que pagaban derechos de plantación mucho más baratos que a cómo estaban en el mercado. Es decir, que sabían que lo que compraban era de dudosa procedencia por cuanto nadie da duros a cuatro (a dos en este caso) pesetas.

Cuarto, porque el funcionario fue expedientado (suspendido de empleo aunque tengo mis dudas de si también de sueldo), pero, tras alegar depresión, consiguió la jubilación en el 2003 y, por tanto, la pensión que buscaba sin apenas, o nula, oposición administrativa.

Quinto, porque el proceso estuvo viciado desde el principio. El PP agrupó en un mismo abogado quince acusaciones particulares que nada tenían que ver con el caso, lo que multiplica por quince las posibilidades de dilación de un proceso tan farragoso como éste (quien recursos, quince peticiones de prueba adicionales…) y, al final, consiguió su objetivo.

Sexto, porque la negociación del fiscal con las partes estuvo protegida por un pacto de silencio entre los abogados de forma que, de no ser por Diario LA RIOJA, hubiera permanecido oculto.

Séptimo, porque hace al menos cinco o seis años el abogado de Luis Ayúcar ya me dejó claro que nunca iba a decir una palabra y que no iba a pisar la cárcel. A los condenados, al Gobierno regional, a la Justicia… (en este caso por las dificultades técnicas y económicas de poner en marcha un macrojuicio con tantos acusados, acusaciones y testigos con la amenaza de sobreseimiento por las dilaciones o incluso prescripciones) les interesaba esta solución y así se la han cocinado.

Una solución, no obstante, que impide saber quiénes colaboraban (¿otros funcionarios y políticos?), o hacían la vista gorda a lo que descaradamente estaba sucediendo en el registro de Viñedo. La UAGR y el PSOE se personaron rápidamente como acusaciones particulares, pero según avanzaba el proceso se retiraron. Una vez más, el PSOE -más ocupado en afilar sus puñales para los ‘asesinatos domésticos’- hizo omisión de su deber opositor. Si hubiera mantenido la acusación particular hubiera habido juicio por inconformidad de una de las partes y Ayúcar, y el resto de condenados, hubieran tenido que declarar ante la juez. Probablemente, la sentencia cambiaría poco, pero seguro que alguno de los doce condenados hubiera levantado la alfombra.

El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, y otros miembros del PP apuntaron en sus declaraciones tras la vista a que era un fraude que se encontraron cuando llegaron al Gobierno en 1995. Pero no es cierto. El fraude comenzó en 1996 cuando empieza a dispararse el precio de los derechos y se abren las regularizaciones históricas. Fue en 1997 cuando el PP asciende a Ayúcar a responsable de Viñedo. Misteriosamente, un mes y medio antes de poner el caso en conocimiento del Fiscal (por la presión de Diario LA RIOJA, en enero del año 2000), la Consejería de Agricultura (PP) había ‘castigado’ al funcionario cesándole fulminantemente y enviándolo al laboratorio de La Grajera.