La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a José Luis Lázaro Pérez (Proconsol y las bodegas Antión e Irius) a una pena de un año y tres meses de cárcel más una multa de 300.000 euros por un delito continuado contra la Hacienda pública que, en caso de insolvencia, implicaría la adición de otros tres meses más.

La sentencia confirma un fallo previo del juzgado de lo penal número 9 de Zaragoza, que condena también a Manuel Muñoz Escolano, propietario de la empresa Intagro Nuevos Regadíos, a la pena de un año y nueve meses de cárcel y una multa de 507.158,82 euros con una responsabilidad subsidiaria de cinco meses añadidos en caso de insolvencia. A priori, ambos condenados, a los que se aplica una pena de cárcel menor por dilaciones indebidas, eludirían su entrada en prisión si hacen frente a las multas.

Los hechos se remontan al año 2007, cuando Intagro Nuevos Regadíos presentó una factura emitida por otra sociedad, Acretopus (propiedad de Proconsol), por importe de 1,10 millones de euros con un IVA de 176.403,07 euros. Ambas firmas colaboraban en el desarrollo de un parque empresarial en la localidad de Fuentes de Ebro (Zaragoza) y la sentencia cifra en 507.158,82 euros el quebranto contra la Hacienda pública por deducción en la cuota del Impuesto de Sociedades y del IVA que se dedujo la empresa de la familia Lazaro con la emisión de una factura falsa, cantidad que, al margen de las multas y junto con los intereses legales, deben devolver también a Hacienda las empresas utilizadas en el fraude como responsabilidad subsidiaria.

El concepto de la factura cargada por Acretopus (Proconsol) a Intagro Regadíos era ‘Honorarios por gestión y asistencia técnica en distintos proyectos urbanísticos’ y el juez de primera instancia, y luego la propia Audiencia Provincial, consideran que nunca se llegaron a realizar esos trabajos, por lo que la factura fue una maniobra contable para reducir la base imponible del Impuesto de Sociedades y la declaración de IVA.

Un trabajo ficticio
En este sentido, la Audiencia destaca que, pese a no haber una «prueba directa» del fraude –por lo que los condenados pedían su absolución–, existían indicios suficientes como para llegar a dicha conclusión. Entre ellos, la sentencia recuerda que «la mercantil Intagro Nuevos Regadíos carece de la documentación de los gastos deducidos fiscalmente: ni figura contrato (sólo un borrador) ni concreción de los trabajos ni directrices ni valoraciones de los mismos».

Asimismo, los jueces ponen de manifiesto que «no se ha presentando documentación acreditativa de los trabajos facturados por Acretopus y ésta carece además de personal para realizarlos, sin que se haya acreditado tampoco que fuese el personal de Proconsol el que realizó los servicios».

Igualmente, la sentencia apunta la «connivencia entre los acusados, José Luis Lázaro Pérez, que dirigía el grupo Proconsol, y Manuel Muñoz, responsable de Intagro, después de que ambos colaboraran en el proyecto emprendido en el parque empresarial en Fuentes de Ebro».
Así las cosas, la sentencia considera que «los servicios abonados a Acretopus por Intagro –concluyen los jueces– eran ficticios y por tanto la factura girada era fraudulenta; en definitiva un medio para obtener una minoración en la tributación de Intagro con el consiguiente perjuicio para la Hacienda pública».

Dicho perjuicio lo cuantifica la sentencia en 330.909,62 euros que dejó de ingresar Intagro en el impuesto de sociedades y en 176.403,07 euros que se dedujo de IVA indebidamente. En total, el perjuicio para el erario público fue de 507.158,82 euros, que las empresas deberán también reparar.

La familia Lázaro fundó una de las grandes inmobiliarias de La Rioja (Proconsol) y construyó dos colosales bodegas en Rioja (Antión, en Elciego) e Irius (Somontano), que hoy se encuentran en concurso de acreedores o liquidación.

(*) Noticia publicada el pasado lunes en Diario LA RIOJA