Ínigo Nagore, en una foto de Juan Marín

Casi el 40% de los adjudicatarios de viñedo, 231 de los 645 del 2016, se enfrentan a un proceso de revisión por parte de la Consejería de Agricultura que podría saldarse con la devolución de las plantaciones. Así lo confirma el consejero de Agricultura, Íñigo Nagore, quien recuerda que «ya dijimos que íbamos a velar porque los adjudicatarios cumplieran realmente con la legalidad; no podemos anular el proceso, como piden algunos grupos políticos porque sería injusto con los que sí cumplen, pero sí garantizar el respeto de la normativa».

En este sentido, Agricultura no ha reconocido la inclusión solicitada en el Grupo I (reparto prioritario) a 418 solicitantes del 2017. De ellos, 234 pidieron también plantaciones en el 2016: «Si no han podido demostrar que eran jefes de explotación con actividad agraria en el 2017 probablemente no podrán hacerlo tampoco en el 2016, con lo que revisaremos todos esos expedientes, además de otros en los que actuamos de oficio por claras sospechas y seguimos investigando», explica Nagore. La revisión no queda ahí, sino que el consejero asegura que la lista de 197 adjudicatarios del 2017 se verá también reducida y será «diferente» a la enviada provisionalmente al Ministerio. «Gracias a los controles de la Consejería, al final los repartos de viñedo serán mucho más razonables de lo que la gente piensa», avisa Nagore. De hecho, avanza que propondrá al Ministerio sumar las plantaciones finalmente recuperadas de los años 2016 y 2017 al futuro reparto del 2018.

– ¿Por qué en el 2016 se fijaron unas normas de acceso más laxas y se endurecieron en el 2017?
– El punto de partida eran unos criterios de reparto que primaban a jóvenes no viticultores con actividad agraria. Siempre consideramos inadecuadas las directrices del Ministerio y queríamos que se pudiera primar al viticultor joven y profesional. Al estar demasiado indefinida la figura del ‘jefe de explotación’ y la superficie admisible para plantar hubo una avalancha de peticiones y pactamos con las organizaciones profesionales agrarias (OPA) y cooperativas que les daríamos el beneficio de la duda, pero siempre dijimos que verificaríamos que no fueran ficticias.

– ¿Cuál fue el papel, entonces, de OPA y cooperativas?
– Pactamos con ellas todo lo relacionado con las superficies admisibles y los requisitos exigidos para demostrar la actividad agraria. De hecho, la Consejería propuso eliminar los pastos porque veíamos que muchos los acreditaban como tierra para engrosar solicitudes y no con deseo real de plantar, pero las OPA y las cooperativas nos pidieron que no lo hiciéramos porque, decían, no podíamos cambiar las reglas en mitad de la partida. Es habitual en la Consejería pactar todas estas cuestiones y así lo hicimos. La normativa no exigía más y atendimos la petición del sector, aunque, insisto, advirtiendo de que haríamos comprobaciones.

– ¿Quiere decir que si no se hubieran admitido los pastos en el reparto del 2016 no habría habido grandes adjudicatarios?
– Así es. Varios de los casos más llamativos habrían desaparecido.

– ¿Hubo uso de información privilegiada por algunos solicitantes?
– No. Todo se pactó con las organizaciones agrarias, y de hecho, son ellas las que tramitan la mayor parte de solicitudes, así que la información estaba para todo el mundo.

– Si pactó con las OPA y cooperativas, si le pidieron la inclusión de pastos y la laxitud en la admisión de solicitudes… ¿se siente traicionado por la reacción posterior?
– Más que traicionado, dolido. Todos sabíamos que los criterios del Ministerio eran malos, pero gran parte de los males añadidos vinieron porque los representantes del sector productor nos pidieron que no cambiáramos la reglas de juego. Asumo mi responsabilidad, pero la decisión fue compartida por lo que no entendí las críticas posteriores.

– En el 2017 cambió y endureció las condiciones de acceso sin consenso con las OPA, ¿por qué?
– A la vista de lo sucedido, pedimos al Ministerio que regulase mucho más las definiciones de superficie admisible y de jefe de explotación.Las organizaciones agrarias se seguían contentando con pocos requisitos de acceso, pero esta vez dijimos ‘no’. Decidimos no especificar lo que íbamos a pedir para demostrar la actividad agraria porque ante la apetencia por las nuevas plantaciones, si lo llegamos a decir, mucha gente hubiera acabado ‘cumpliendo formalmente’ como pasó en el 2016.

– ¿Por qué no se paró el reparto del 2017 tras el precedente del 2016?
– Es un reparto nacional, regulado por un real decreto que La Rioja está obligada a cumplir. Nos hubiera gustado pero no teníamos margen legal. El problema se da únicamente en Rioja por la apetencia por nuevo viñedo, pero otra cosa hubiera sido que el Consejo Regulador hubiera decidido no repartir viñedo este año. El plazo para solicitarlo lo marcó la publicación del Ministerio de las limitaciones de plantación para las diferentes regiones, pero si realmente los criterios no gustaban a nadie hubo margen para paralizar el reparto.

– Cooperativas y Bodegas Familiares lo intentaron en el Consejo…
– Era probablemente tarde, pero hubo margen anteriormente. Creo que en el fondo tanto las organizaciones agrarias como las bodegas querían que se repartiera el viñedo.

– La nueva lista, con 197 adjudicatarios provisionales, muchos menos que en el 2016, para 471 hectáreas eleva el porcentaje de prorrateo del 11 al 32%. Da miedo… ¿cuántas hectáreas se llevará el mayor solicitante?
– Las que le correspondan si cumple. Somos conscientes de que con el reparto de nuevo viñedo, con 647 hectáreas para Rioja este año, 471 para La Rioja, estamos hablando de entre 15 y 20 millones de euros [unos 25.000 euros la hectárea] y, en este sentido, el prorrateo, que viene marcado por la Unión Europea, es perverso. Por eso estamos siendo tan estrictos y seguimos trabajando para poner límites y cambiar criterios. De momento, nuestra labor es separar el grano de la paja y eliminar los incrementos artificiales de superficie.Creo que, gracias a las medidas de control, quedará un reparto mucho más razonable de lo que la gente se piensa.

– Habló en el Parlamento de ‘fraude sofisticado’. Explíqueme ese concepto.
– Hemos detectado que mucha gente solicita viña para ver si le toca, con contratos de arrendamientos entre familiares pese a no tener actividad agraria. Pero en los cruces de datos nos hemos encontrado también casos en los que el montaje del expediente es mucho más sofisticado. De un plumazo, aunque puede haber algún error, nos quitamos el 80% de los solicitantes, pero quedan 197 adjudicaciones provisionales que seguimos revisando y en algunas hemos detectado esas sospechas de fraude más sofisticado y se anularán también las adjudicaciones.

– Hay un caso del 2016 en la Fiscalía. ¿Cómo va el asunto?
– Está en proceso.

– ¿Tiene más datos concretos de las revisiones del 2016?
– Aún estamos en ello. Ante la apertura del nuevo proceso del 2017 pensamos que quien solicitó el año pasado también lo haría éste. Así las cosas, este año 418 expedientes que pedían su inclusión al Grupo I los pasamos al II [fuera del reparto] al no poder acreditarnos la actividad agraria real. De ellos, 234 habían pedido y recibieron plantaciones en el 2016. Como no han podido demostrar la condición de jefe de explotación en el 2017 les vamos a exigir que demuestren la del 2016.

– ¿Publicará la lista del 2017?
– Por supuesto. Es nuestra obligación por ley. Lo haremos cuando sea definitiva y no dudo de que será diferente a la de los 197 adjudicatarios provisionales que se envió al Ministerio.

– ¿Hay responsabilidad para quien acredita una supuesta condición que luego no puede demostrar?
– El año pasado decidimos otorgar el beneficio de la duda al aspirante y admitir solicitudes para luego comprobarlas. Este año hemos decidido cruzar los datos de forma previa y hemos detectado muchos solicitantes que no son titulares de una explotación con actividad. Somos partidarios de la revisión y de la posible denegación o suspensión de la plantación, pero en los casos de fraude más sofisticado sí hay alguna responsabilidad que va más allá del intento fraude administrativo. Hay un expediente en la Fiscalía del 2016 y no descarto que este año pueda haber alguno más.