El proceso de renovación del Consejo Regulador afronta un nuevo bloqueo, en este caso institucional, tras el abandono “temporal” del Gobierno vasco de la institución en protesta por la intermediación del Ejecutivo riojano en el acuerdo que pactó la renovación de la presidencia, en la persona de Luis Alberto Lecea (Asaja), junto con las normas de vendimia y las medidas anti bloqueo de presupuestos y rendimientos futuros.

Primero fueron las organizaciones agrarias (incluida la UAGA alavesa, por cierto) las que se plantaron porque no tenían claro el proceso de acreditación, luego fueron las cooperativas, tras la intervención ministerial para intentar apagar el fuego, las que siguieron el mismo camino, y ahora son las instituciones las que entran en la ‘guerra’. Como aclaración, los Gobiernos riojano, navarro y vasco participan en el Consejo Regulador, prácticamente como si fueran ‘oyentes’ al ser las tres unidades territoriales de la Denominación, mientras que la competencia última legal es del Ministerio de Agricultura.

En primer lugar, creo que hay que dejar claro que el acuerdo entre los cuatro grandes –las dos principales asociaciones de bodegas, Grupo Rioja y ABC, y las dos principales del sector productor Asaja y cooperativas– que desatascó la renovación, no deja de ser lícito, ni mucho menos, por cuanto son las que suman los 150 votos para sacar adelante las decisiones. Ahora bien, las continuas peticiones de ‘ayuda’ por parte de las distintas asociaciones profesionales a los gobiernos autonómicos cuando consideraban que las reglas del proceso de renovación o la falta de acuerdo entre los propios productores o entre estos y las bodegueros -también la UAGA y las bodegas de Abra se han reunido en varias ocasiones con el Ejecutivo vasco- han acabado creando estos lodos.

El Gobierno de La Rioja intervino efectivamente, aunque seguramente más que por deseo propio, por la cerrazón de las cooperativas y de Asaja a bajarse del burro y ayudar a firmar un acuerdo que evitara la disolución de la Interprofesional y la convocatoria de elecciones censales. Ahora, el Gobierno vasco también interviene a petición de las asociaciones UAGA y Abra fundamentalmente, que se consideran excluidas de las decisiones.

Demasiada política para un sector que decidió agruparse en el año 2004 bajo un modelo interprofesional para que fueran precisamente los intereses profesionales (económicos) los que tomaran las decisiones estratégicas de Rioja, pero que, de momento, ha demostrado que sigue necesitando de las tutelas políticas o que no ha entendido que agruparse en torno a intereses profesionales significaba otra cosa.

En fin, que, en mi opinión, muy pocas asociaciones del sector, sean riojanas o vascas, pueden tirar la primera piedra.