Mi nómina de mártires domésticos se acaba de engrosar con un señor llamado Carles Veiret. Se trata de un hombre absolutamente estándar, de 41 años, recién divorciado y que posee una vivienda sin lujos heredada de su familia en la calle Urgell de Barcelona. O eso creía.
    Un día que acudió al piso que tenía cerrado hasta entonces para hacer alguna reforma, cayó en la cuenta de que la llave no entraba en la cerradura. De la extrañeza inicial pasó a la inquietud al comprobar que habían cambiado el bombín. Un vecino le aclaró el entuerto: desde hacía semanas vivía allí alquilada una educada familia de chilenos. Un desconocido había desmontado la puerta de acceso y gestionado un arrendamiento del que Carles ni sabía ni percibía nada.
    Pero como en un cuento de Cortázar o una de esas alambicadas películas de David Lynch, su pesadilla no había hecho más que empezar. Los inquilinos inciertos se niegan a abandonar la casa por la cual están pagando religiosamente. Han presentado incluso una denuncia por lo que consideran una violación de su intimidad, y mi héroe sin techo está enredado ahora en una telaraña jurídica para demostrar que él es él y su casa suya.
    Al menos, a Veiret le queda el consuelo de que el Gobierno catalán, como el vasco, aún no ha puesto en marcha la iniciativa de gravar las viviendas deshabitadas. Un canon diario pensado para evitar la especulación e incentivar el alquiler.
    Al abuelo Tasio, que ha invertido media vida en pagar un maltrecho cuarto sin ascensor ni calefacción, esta historia le ha disparado la tensión. Como desde que le dio el achuchón vive con su hermana, pasea a diario hasta su casa en lo más antiguo del Casco Antiguo para, cachaba en ristre, certificar que nadie le ha usurpado su cama ni las estampas de San Judas que tiene en el cabecero. Tampoco lo de gravar le suena bien: «Fíjate la que se ha montada aquí con Sanz y las palabras de Zapatero».