La Rioja acata la
nueva Ley del Aborto. Lo obvio -asumir una normativa nacional sancionada por las Cortes- acaba convirtiéndose en noticia por ese hábito que han adquirido algunas comunidades de escoger a la carta qué legislación les parece oportuna aplicar en sus territorios. Del ‘acato pero no comparto’ que muchos presidentes regionales han tomado por bandera para vadear desde la Ley Antitabaco hasta la sentencia sobre el Estatut, se ha derivado al ‘paso palabra’ que deja al lado una de la piedras angulares del funcionamiento democrático como es la asunción de los dictámenes emanados del Ejecutivo. Ya no valen recursos ante el Tribunal Constitucional, pataletas políticas ni movilizaciones institucionales. No. Y ya está.
Independientemente de la oportunidad o el contenido de una ley que sólo un cambio en el Gobierno nacional podrá derogar si así lo entiende una mayoría, la lupa apunta ahora al cumplimiento de una cuestión sanitaria al margen de sus implicaciones éticas. También ahí la subjetividad impera. En
Navarra se impide abortar y punto -¿por qué tanto escándalo con los reparos de
Murcia y silencio absoluto con la insumisión foral- mientras en territorios como
La Rioja sólo un mínimo porcentaje de las casi 600 mujeres que abortan pueden hacerlo en casa ante la falta de médicos dispuestos a ello. Paradojas del sistema sanitario público, que tiende a extender la cartera de servicios pero que en casos así se encoge. Una forma, como otra cualquiera, de decir sí pero no.
