El Plan de Austeridad “compartida” que Pedro Sanz anunció que presentará a mediados de este mes tiene en vilo no sólo a muchos altos cargos, sino a un puñado de instituciones. Y la Defensoría del Pueblo es la que se baraja en algunas quinielas como posible damnificada, después de que Dolores de Cospedal abriera la veda eliminando este Alto Comisionado en Castilla-La Mancha como parte de la poda para reducir el déficit.

La reciente presentación en la Cámara del balance anual por parte de su titular, María Bueyo Díez Jalón, no ha acabado de despejar claramente las dudas. PR y PSOE apuestan ciegamente por su continuidad –los unos reconociendo sus recelos iniciales sobre el interés de crear la institución, y los otros cuestionando la tibieza de la Defensora en algunos pronunciamiento- mientras que el PP, de quien dependen en realidad la decisión final, no acaba de descubrir todas las cartas. La intervención de su portavoz Carlos Cuevas entremezcló el recuerdo a que fue su partido quien impulso desarrollar una figura prevista en el Estatuto de Autonomía con la evidencia de que nada ni nadie es ajeno a la actual coyuntura económica. Una ambigüedad seguramente calculada que no sonó tanto a cierre como a tijeretazo.

Pero, ¿es realmente necesaria la institución que, precisamente ahora, cumple su primer quinquenio a la espera de conocer si Díez Jalón optará a un segundo mandato? Parece evidente que su trabajo ha sido concienzudo y su imagen ha ganado galones. Que “pudiendo hacer menos y hacerlo bien ha hecho mucho y muy bien”, como sostiene el regionalista Miguel González de Legarra. Una labor que, en palabras del socialista Francisco Martínez Aldama, no puede ser barrida por la crisis sino que, por el contrario, se hace más necesaria ante las arbitrariedades que genera la situación económica entre la ciudadanía.

El debate, por lo tanto debe trasladarse a la relación coste/resultados de la Defensoría. Resulta llamativo cómo el informe anual recoge esta vez un anexo donde se detalla otro balance de la institución: el económico. Ahí se conoce que el presupuesto de la entidad ronda los 700.000 euros, la mayor parte de ellos dedicados al capítulo I que cubre las nóminas de los siete trabajadores que conforman el equipo de Díez Jalón. Su homólogo en Navarra “cuesta” a la comunidad foral 1,2 millones y el de Murcia, 1,8 millones. Ambos han hecho en los últimos tiempos algún tipo de gesto de ahorro para acomodarse a los tiempos.

La ecuación quejas tramitadas/número de habitantes/ gasto será lo que mire podador cuando tenga que determinar dónde dirigir el corquete. En su mano está determinar si pesan más otros intangibles para mantener, aunque sea con una estructura más reducida, una institución a la que acecha la muerte sólo cinco años después de nacer.

Inauguración de las XXV Jornadas de Coordinación del Defensor del Pueblo celebradas el pasado año en La Rioja. (Miguel Herreros)