Le invito a que dé un paseo por Oyón. No hace falta que haga un gran viaje porque, como bien sabe, está a tiro de piedra de Logroño. O quizás ni siquiera eso sea necesario. Es más que probable que conozca a algún vecino que trabaja en alguna de las muchas empresas instaladas en la vecina localidad alavesa, o que sepa de algún oyonés que gasta sus dineros en La Rioja o lleva a sus hijos a algún colegio de aquí. De cualquiera de estas formas es factible que usted compruebe que en Oyón están que trinan con el Gobierno de La Rioja. Cabreados a rabiar, vamos.

De un tiempo a esta parte, los pacientes de allí ya no tienen posibilidad de ser atendidos aquí. El caso ha sido argumento por la Consejería de Salud por una cuestión procedimental. En otras palabras: que algún médico no sigue el protocolo establecido para derivar a los usuarios al San Pedro. La versión del ayuntamiento alavés del resto de localidades afectadas es bien distinto: el Ejecutivo de Pedro Sanz ha tomado unilateralmente la decisión para presionar así al Gobierno vasco y mejorar la contraprestación por los servicios sanitarios a estos desplazados.

La divergencia de las versiones da a entender que alguien está mintiendo. O al menos, que alguna de las partes no dice toda la verdad. En un arrebato de regionalismo casposo, sería tan demagógico como plausible alentar a que bastante mal ha hecho el conflicto fronterizo en cuestión de fuga de empresas o expolio de recursos. Incluso cabe una vuelta de tuerca más riojanista y alegar que allá se las compongan con su propio Concierto y sus elevados privilegios. Pero, ¿imagina usted que la coyuntura se hubiera dado en sentido inverso? ¿Qué ocurriría si a los pacientes de Ollauri, Haro o Herramélluri, un buen día, se les privase de acudir al centro sanitario más cercano de Vitoria por abstractas razones burocráticas?

Lo que en principio fue una denuncia parlamentaria del PNV y que, como tal, fue denostada por los principales actores como una cuestión de interés político, ha subido de volumen con la crítica de la situación por parte del propio Gobierno vasco, el PP de Álava y el alcalde de Oyón. El popular Rubén Garrido que, según confesión propia, habló telefónicamente con Pedro Sanz, quien le confesó que todo obedece a razones económicas y al intento de que Vitoria mejore la contraprestación por la atención en Logroño de los vecinos vascos. El silencio del Ejecutivo ante declaraciones de tal calibre –se remite reiteradamente al comunicado oficial que alude a pretextos administrativos- da que pensar. Sobre todo por que ya no el adversario político quien está en frente, sino un colega de partido y Osakdetza recuerda que gasta 27 millones anuales en la atención en sus centros de salud de pacientes venidos de Cantabria, Burgos y La Rioja .

La situación exige una solución urgente. O se da una justificación razonada y de peso, o los oyoneses tendrán razón en acusar al Gobierno riojano de socializar la política jugando con algo tan sensible como la salud de las personas del otro lado del Ebro. Por no hablar de la igualadad y la solidaridad interterritorial de la que Sanz ha hecho bandera durante todo su mandato.

Fotografía: Miguel Herreros