Cuando María Bueyo Díez Jalón coincidía en algún acto de postín con defensores del pueblo de otras comunidades, experimentaba una sensación ambivalente. En su fuero interno percibía el peso del rango, pero al mirar alrededor observaba que ella estaba sola pero junto a sus colegas sobrevolaba un séquito de asesores, jefes de gabinete, responsables de prensa y hasta medios de comunicación desplazados para reflejar cualquiera de sus movimientos.

De vuelta a casa, sobre todo en la última etapa, la exdefensora riojana se topaba de frente con todo lo contrario: cuestionamientos sobre su papel, críticas de despilfarro, llamadas soterradas a recortar sus recursos, disminución del presupuesto de la oficina. Y todo ello, envuelto paradójicamente con halagos a su figura y una alta valoración pública. La situación se volvió insostenible. María Bueyo no soportó la interinidad a la que se le sometió tras cumplir los cinco años de mandato, y con su currículum no le resultó nada difícil encontrar un puesto de relumbrón en el Ministerio de Economía renunciando así a una virtual renovación por otro quinquenio.

Con su marcha, dejó la decisión de mantener la Defensoría en el alero del Parlamento y los mismos grupos que en el 2006 la nombraron con todo el boato. Esos partidos, encabezados por la mayoría del PP, que han dejado pasar ampliamente el plazo para encontrar un sustituto y que acaban de moverse pactando entre populares y socialistas la reforma de la Ley con un objetivo: menguar al máximo la figura. Por un lado, abriendo la opción de que alguien pueda ocupar el puesto a tiempo parcial al rebajar el nivel de incompatibilidades y, por otro, jibarizando su asignación.

El PSOE se ha sumado a la propuesta argumentado que la alternativa a esa reducción al mínimo era la desaparición. UPR se opone -“para dejarlo en casi nada, mejor eliminarla”- y el PP busca se empeña en estirar los tiempos. Quizás para encontrar un candidato que se acomode a un segundo plato amargo y casi invisible; tal vez para pulsar la opinión pública, cuadrar las cuentas y dentro de unos meses cerrar la institución sin ruido ni protestas.

Todo está dispuesto para que la Defensoría mengüe. El escenario queda diseñado para metamorfosearse en otro caso de invisibilidad como el del Defensor del Usuario del Sistema Público de Salud de La Rioja. Los siete colaboradores de que disponía María Bueyo se han quedado en dos auxiliares administrativos y un letrado -el otro ha pasado a ocupar plaza en el propio Parlamento- que esperan también conocer su futuro y el de la institución sobre una reforma legal que no oculta sus pretensiones: “La situación actual de incompatibilidad absoluta con el ejercicio de cualquier actividad implica que la Comunidad Autónoma debe renunciar de inicio al talento, la capacidad y la experiencia precisos para la protección de los derechos de los ciudadanos riojanos”.

¿Significa eso que Díez Jalón no contaba con el talento suficiente? Más bien parece que su capacidad era excesiva para lo que La Rioja quiere, puede o merece.

Fotografía: Justo Rodríguez