La batalla por la reducción del Parlamento ya ha estallado. El PP acaba de registrar  la proposición de Ley que propone retocar el Estatuto de Autonomía para reducir de 33 a 25 el número de diputados, abriendo así debate que se antoja más político que práctico. Teniendo en cuenta que el cambio en la normativa exige el apoyo de dos tercios de la Cámara (a los 20 populares deberían sumarse al menos los 11 de un grupo o los del otro, o incluso ambos), la intención de los populares tiene nulas posibilidades de prosperar si tanto PR+ como PSOE mantienen su negativa a menguar el hemiciclo por ir contra la esencia de la institución.

El PP lo sabe. Y por eso, su portavoz parlamentario subrayó en la presentación de la iniciativa que ha llegado “la hora de la verdad” y que cada formación “se retrate” en una discusión que Carlos Cuevas inscribió en términos estrictamente económicos. La traducción es simple: si la oposición se niega a secundar la intención de lo ya avanzado por Sanz estará pensando más en su propio beneficio que en el bien de la Cámara. “No pensamos  en culos para ocupar sillas, sino en el servicio que debemos prestar a los ciudadanos”, sentenció Cuevas.

El argumento, como casi todas las estrategias políticas envueltas en rotundidad, se reserva un puñado de matices. Para empezar, el presunto ahorro que la reducción representaría en uno de los parlamentos más pequeños y no profesionalizados con percepciones que van desde los 13.812 euros anuales de los miembros de la Mesa a los 7.596 de un diputado ‘raso’, al margen de los 65.000 que recibe el presidente del hemiciclo. El impacto real de la reducción recaería en las asignaciones que percibe cada grupo y que se calcula en función de una tabla donde se conjugan desde el número de escaños hasta los gastos del personal administrativo de cada grupo. Una mengua radical para los grupos que tienen en el dinero que reciben del Parlamento el grueso de los ingresos con los que se sostiene todo el partido.

Las razones economicistas tienen peor encaje en el resto de los cambios que el PP propone. ¿Qué ahorraría que el senador autonómico no deba ser diputado? ¿Cómo mejoraría la gestión que el Gobierno no pueda tener más de diez consejerías si jamás se ha superado ese límite?

En cualquier caso, la reducción del Parlamento trae consigo una paradoja hipertrófica: que llegue a existir una Cámara con más empleados que diputados. Los 32 trabajadores actuales del hemiciclo superarían a los 25 escaños que el PP plantea, por lo cual los populares ya han lanzado la opción de encoger la plantilla del antiguo convento de la Merced. Aunque la mayor ironía es que en la inmensa mayoría de los plenos el público interesado en presenciar los debates nunca llegue a 33 ni siquiera 25 personas. Tan pocas que a veces es sencillos contarlas: cero.

Fotografía: Díaz Uriel