Estudiante del Grado de Derecho y diplomado en Relaciones Laborales además de miembro de la asociación AER, Alberto Espiga (Nájera, 1986) sustituye a Ignacio Najarro como presidente del Consejo de Estudiantes tras las elecciones celebradas ayer donde se impuso a la opción de María Díez.
– ¿Qué metas se marca? ¿Prevé una ruptura sobre la anterior etapa?
– Por un lado, lograr que el Consejo de Estudiantes sea mucho más participativo, dando voz a las diferentes asociaciones del campus y recabar todo tipo de sugerencias. También queremos reformar los estatutos especialmente en el sistema electoral para hacer unas elecciones más abiertas, lograr que el Consejo se mueva y pelee de verdad por los derechos de los estudiantes en materias como la subida de tasas en segundas y posteriores matrículas y luchar, en resumen, por la universidad pública frente a la privada. Buscamos una ruptura con la anterior dirección en el sentido de lograr un Consejo más progresista, dedicado sólo a los estudiantes y, sobre todo, ajeno a la política que hasta ahora tenía demasiada influencia.
– Hay sensación de que las asociaciones están muy politizadas y son ramificaciones de cada partido.
– Cada una está compuesta por personas que tienen distinta ideología, pero niego que estén politizadas como algunos dicen con un afán de desprestigio. Las asociaciones deben ser un referente académico, no político. Yo, desde luego, no milito en ningún partido.
– Pero el hecho es que líderes de esas asociaciones en su momento han saltado luego a la política.
– Es verdad que en AER estuvo César Luena en su día, pero también hay que decir que desde que se creó la UR el Consejo nunca ha tenido un presidente de tendencia progresista. En cualquier caso, considero que si una persona es válida luego podrá tener el recorrido que sea, pero no supone en principio un trampolín automático a otras opciones.
– ¿Se ha sido suficientemente crítico con la subida de tasas o la reducción del número de becas?
– Entiendo que la respuesta estudiantil ha sido contundente con huelgas y diferentes movilizaciones, aunque el anterior Consejo de Estudiantes no se posicionó con la fuerza deseable. El Gobierno regional es quien no ha peleado lo suficiente, aunque también es verdad que la orden viene del Ministerio y el margen de maniobra es limitado.
– ¿Tiene la UR la calidad suficiente a la vista de algunos rankings?
– Hay que relativizar la cuestión de los rankings porque la mayoría valoran más la cantidad que la calidad y en la UR, al ser tan pequeña, los datos se distorsiona. Por supuesto que es mejorable en muchos aspectos, pero es lo suficientemente potente para lo joven que es y pertenecer al Campus Iberus le da un plus.
– ¿Cómo observa el caso de la UNIR, especialmente ahora que prevé su edificio central junto a la UR?
– Aunque su oferta es legítima y en principio sus servicios distintos, hay que diferenciar ambos proyectos y evitar la confusión. En eso también debe implicarse el Gobierno regional, que debe destinar todos los recursos a la universidad pública frente a una privada que tiene sus propias vías de financiación. En cuanto al edificio, no me parece bien que lo planten junto a nuestro campus. Veremos si los alumnos de la UNIR no acaban usando medios de la UR.
– Sin embargo hay profesores de la UR que trabajan con la UNIR.
– Así es. Estoy absolutamente en contra de que personal de la universidad pública colabore de forma activa en una privada. Y más en la UNIR, que es competencia directa de la UR.

Fotografía: Juan Marín