¿Puede considerarse en sentido estricto como usuario del sistema público de salud el inquilino de una residencia de ancianos o de discapacitados? La pregunta no es baladí. Así como está asumido (al menos de momento) que el paciente ingresado en el San Pedro reciba sus medicamentos en la cama suministrados por el propio hospital, la cuestión de a quién corresponde la provisión de medicinas en los centros de mayores empieza a ganar terreno. La decisión de la Consejería de asumir la distribución en las residencias de La Rioja públicas implica una profunda revisión del modelo existente hasta el momento. El sistema, por ahora incipiente y a la espera de visualizar los resultados para decidir sobre su extensión, ya es efectivo en Lardero: en vez de hacerlos las farmacias del entorno, será el propio servicio del San Pedro quien semanalmente suministrará las recetas previamente indicados por el facultativo del centro. El resultado: más ahorro (el precio es el medio de la compra al laboratorio, y no el PVP) y mayor control tanto en el consumo (monodosis) como el seguimiento de los usuarios a través de una receta electrónica.

Los farmacéuticos, como en otras comunidades donde ya es efectivo el procedimiento, han recibido la decisión con dudas. Principalmente porque supone un notable ‘bocado’ a una parte de su negocio. De completarse el plan diseñado por Salud, supondría dejar de suministrar a 1.500 usuarios de las residencias públicas o de gestión privada pero de titularidad autonómica. Como recuerda el presidente del Colegio Oficial, José Javier Vázquez, ello supone una parte medular del trabajo en algunas boticas del entorno de las grandes residencias, que incluso tienen personal dedicado exclusivamente a estas funciones. Sin quejas durante todos estos años sobre el funcionamiento existente aunque con la reciente obsesión por ajustar el gasto farmacéutico al extremo donde también se inscribe el copago, el interrogante que muchos se formulan es la siguiente: ¿Está habilitado el sistema público para asumir las funciones del sector privado y convertirse en su competencia?

En Valencia, el Colegio Oficial medita la posibilidad de recurrir el decreto que fija este modelo (además de otras cuestiones de mayor calado y gran controversia en Levante), mientras en La Rioja se confía en consensuar un modelo mixto donde las farmacias preserven, al menos, la partes del negocio correspondiente a las residencias privadas o ubicadas en pequeñas localidades alejadas de Logroño donde el reparto implica más dificultades. En total, casi otros 1.500 usuarios.

Aunque quizás, el debate de fondo coincide con la reflexión que planteaba Vázquez hace pocos días al conocer la noticia: ¿Cómo es que ahora que se tiende a la externalización de servicios y que sean las empresas privadas las que asuman determinados servicios sanitarios se sigue el camino inverso en el ámbito farmacéutico? ¿Para hacer una radiografía vale pero para dispensar unas pastillas no?

Se admiten respuestas.

Fotografía: Maite Bartolomé