Señalado como el “cerebro” de la reforma de las administraciones públicas que prevé un ahorro de 1.625 millones, Jaime Pérez Renovales (Valladolid, 1968) ha recalado en La Rioja para pulsar los ajustes en la estructura de la comunidad. El presidente de la comisión encargada de guiar el proceso (CORA) desgrana las claves para acometer cambios que alcanzan a la Defensoría del Pueblo Riojano, cuya extitular, María Bueyo Díez Jalón, compartió aula con el ahora también subsecretario de la Presidencia en la promoción de 1996 de abogados del Estado –“La Gloriosa”– de la que han salido varias de las figuras clave del actual Gobierno central.

-¿Es esta la reforma definitiva de las administraciones o llegará al despido de funcionarios, como ha ocurrido en otros países en crisis?
-La reforma es un proceso vivo. Lo que se ha hecho ahora es un análisis muy exhaustivo de la realidad de la administración pública española, creando además mecanismos de seguimiento y continuación para poder seguir detectando en el futuro duplicidades e ineficiencias. En el aspecto que comenta, los datos que manejamos es que la caída del número de funcionarios en España en el último año y medio ha sido enorme con medidas duras en la tasa reposición, la oferta de empleo público, el salario? La reforma generará la necesidad de mover mucha gente de un sitio a otro, pero la senda de rebaja de la cantidad de empleados públicos es ya muy intensa en España desde hace tiempo.
-¿Ha tenido que llegar una crisis de este calado para caer en la cuenta de que hay una estructura hipertrofiada, cara y a veces inútil?
-No tenemos un aparato administrativo tan elefantiásico. Una de las tareas al elaborar el informe ha consistido en compararlo con procesos de reforma de otras administraciones públicas. Los datos objetivos confirman que la administración pública española no es tan grande ni ineficiente ni está tan mal en relación con otros países como se suele decir. Lo que sí tiene es mucho margen de mejora, que es donde pretendemos ahondar.
-Muchos de los mismos que venden ahora como un triunfo eliminar duplicidades son quienes las han consentido durante años.
-En todos los procesos de reforma que hemos analizado el detonante ha sido el mismo: la urgencia fiscal. Hay modelos muy exitosos como el de Canadá, un país muy descentralizado como el español que en los 90, a causa de un problema de sostenibilidad en sus finanzas, abordó un cambio que ha dado frutos muy buenos y perdurables. No se trata tanto de determinar cómo es que no nos hemos dado cuenta de lo mal que estábamos, sino por qué no ha sido hasta ahora cuando nos hemos planteado cambiar el modelo y la organización para ahorrar dinero.
-¿Por qué no se pudo anticipar?
-Al menos, de las crisis salen cosas buenas, y una de ellas es la oportunidad de cambiar muchas cosas. También en este campo. La administración pública puede mejorarse mucho, pero para que haya una transformación radical en el modo de gestión de medios y servicios públicos hace falta un detonantes que, como le digo, ha sido la obligación de sanear las finanzas.
-Hay quien ve detrás de la reforma un interés recentralizador y de ataque al modelo autonómico.
-En absoluto. Que digan en qué linea de las más de 250 páginas del informe hay una medida justificada por un afán de recentralización y no por una exclusiva intención de mejorar el gasto público. La prueba es que hay instituciones cuya supresión se planteaba desde algunas posiciones y, sin embargo, hemos visto que es menos eficiente suprimirlas o sustituirlas por una organización estatal y, por lo tanto, se sugiere mantenerlas.
-La reforma pone uno de los focos en los defensores del pueblo. En el caso de La Rioja se activó en el 2006 como hito del autogobierno, y año y medio después de su renuncia sigue sin sustituto.
-Este tipo de instituciones pueden ser hasta cierto punto emblemáticas, aunque no creo que sean significativas de un autogobierno. La reforma articula una comparación entre la estructura de gastos y administrativa que tienen estas instituciones en cada comunidad respecto a la que supone la estatal. En ese cotejo de coste por reclamación tramitada se verá si resulta más indicado prescindir de esa estructura y que sus funciones sean asumidas por la correspondiente del Estado.
-El último ejercicio se presupuestaron 662.000 euros y se ha modificado la ley para flexibilizar el coste y la disponibilidad. ¿Se puede permitir La Rioja un Defensor?
-Dependerá del coste que suponga para la comunidad y el servicio que preste a los riojanos. Una valoración que habría que conjugar otros factores como cercanía o eficacia.

Fotografía: Juan Marín