El PP ha hecho de la reforma del Estatuto de Autonomía un ariete para obligar a la oposición a “retratarse”, como Carlos Cuevas reconoció al comienzo de curso. Casi década después de que Sanz diera el pistoletazo para abordar la reforma del texto clave que regula el autogobierno con sonadas llamadas al consenso (deseable, pero sobre todo obligado para agrupar 2/3 del hemiciclo), la cuestión se ha reducido a la proposición de Ley popular que el Parlamento acordó tomar en consideración en el último pleno con el sorpresivo apoyo inicial del PR+ anunciando que se opondrá durante el trámite si no cambia su espíritu.
El viaje para la reforma ha hecho parada en decenas de estaciones. Primero, la constitución de una comisión de estudio abierta donde participada desde por la FER hasta expresidentes de La Rioja; luego, la elaboración de un voluminoso informe de expertos ahora arrumbado; más tarde el condicionamiento al fallo del Tribunal Constitucional sobre los recursos contra el Estatut; y a última hora, la creación de una ponencia que agoniza casi antes de nacer donde las disquisiciones sobre la definición de La Rioja suena ahora residuales.
El PP se ha esforzado en reducir mediáticamente todo el contenido a un solo titular: la rebaja de 33 a 25 del número de diputados. O todo, o nada. Si la oposición lo apoya, está por el ahorro en tiempos de crisis; si la rechaza, sólo busca salvaguardar sus intereses partidistas. Estará pensando en ‘culos’ para ocupar asientos en vez de mejorar el bienestar de la ciudadanía, como también Cuevas dijo en su momento.
El barullo procedimental al que el PSOE se ha asido por posponer su postura ha conseguido, además, arrinconar otro de los aspectos centrales de la reforma: el límite de mandatos del presidente a ocho años o dos legislaturas. La formulación inicial abrió la posibilidad de un escenario sin Sanz como cabeza de cartel electoral del PP tras cinco mayorías absolutas. Sin embargo, la posibilidad de que esa autolimitación encalló en dudas sobre cómo se aplicaría. En otras palabras: si se pondría el contador a cero tras la reforma y Sanz tendría la opción de ocho más o se contabilizaría el tiempo ya transcurrido para que el de Igea no pudiera repetir.
El propio presidente ‘jugó’ con esa falta de concreción. En unos momentos, se mostró entusiamado pensando en “La Rioja del 2020”; en otros, tendió la mano a “hablar” de retirada si ello limaba obstáculos para aprobar la reforma con la mayoría exigida. Entre ese ruido de fondo, la proposición de Ley de reforma llevada al Parlamento riojano por el PP aclara finalmente este extremo: “Para la aplicación de la limitación (…) no computarán los mandados ejercicios por los presidentes de la comunidad autóntoma de La Rioja habido hasta la VIII Legislatura”.
¿Servirá la reforma para dejar el camino libre a otros dos posibles mandatos de Sanz? Quizás la clave esté en la ironía que él mismo planteó al señalar el “dolor” que provocaría a algunos enfrentarle en las dos próximas elecciones.
Fotografía: Sonia Tercero