La decisión por parte del Gobierno regional de subvencionar con 600 euros a las familias que llevan a sus hijos a centros de bachillerato privado ha echado más gasolina a una hoguera en continua combustión donde arden dos modelos de enseñanza cada vez más contrapuestos y, lo que resulta preocupante, claramente enfrentados. Prueba de esa tensión no es sólo la nutrida concentración vivida esta semana ante las puertas del Palacete de Vara de Rey, sino la comparecencia que apenas dos horas antes ofrecieron representantes de la enseñanza privada confirmando que, cada vez más, unos sienten ciertas políticas del Ejecutivo como una agresión y otros se ven agijoneados a contraatacar.

En este marco, la Administración es quien está obligada a imponer (y vigilar) la necesaria simetría que aplaque las diferencias. Su listado de deberes pendientes abarca múltiples materias. Desde la aritmética para saber que si se suma un centro privado con el 100% de inmigrantes con otros nueve que sólo tienen alumnos autóctonos la división no es el 10% de extranjeros en cada patio, hasta matemáticas básicas donde sumar en la red privada no reste a la pública. La lista de tareas alcanza a las asignaturas de igualdad erradicando la segregación por sexos, y habrá que esforzarse en economía fulminando gastos y requisitos de voluntaria obligatoriedad que imponen los concertados como filtro. Donde sin embargo más urge progresar es en un lenguaje que en vez de equiparar sinónimos enfatiza la palabra clase sobre aula.

La imagen está tomada esta semana por Alfredo Iglesias y corresponde a la concentración contra el ‘cheque’ para bachillerato privado.