Ahora que está a punto de escribirse el futuro conviene leer el pasado. En el cajón de las muchas tareas que han quedado inconclusas en el Parlamento está la reforma de la Ley Electoral de La Rioja. Ciudadanos lo incluyó con mucho bombo como condición inexcusable en el acuerdo con que facilitó la continuidad del PP. Incluso puso fecha para materializar su exigencia: los dos primeros años de la legislatura que arrancó en julio del 2015. Han pasado los cuatro y todo ha quedado en nada, aunque el incumplimiento del plazo tampoco fue óbice para mantener su apoyo a Ceniceros hasta que el olor a urnas hizo votar en contra de los últimos Presupuestos. Actualizar la norma que rige los comicios autonómicos era en realidad un eufemismo, porque el interés residía casi exclusivamente en variar el techo necesario para obtener representación en el hemiciclo. Que el 5% de los votos que ahora se exigen bajase al 3% con el argumento de permitir todas las voces. Todos los partidos se sumaron a la misma idea, no fuera a ser que les tildaran de enemigos de la pluralidad. La incapacidad por concretar la reforma no impidió que por la Cámara fueran pasando una legión de expertos a los que se les parecía exigir decir lo que sus señorías querían oír. Aunque algunos se atrevieron a advertir de que la mengua del umbral no cambiaría sustancialmente el escenario y alentaría, por el contrario, ‘partidos de oportunidad’ sin un sustrato ideológico cuyo único afán sería obtener eco mediático y laminar a otras siglas. El eco de Vox, la nonata candidatura ‘Ganar La Rioja’ o la suma menguante de Unidas Podemos confirman que ante lo mejorable siempre hay algo peor y que un Parlamento con tiempo y recursos limitados debe atender a quien sabe, priorizar necesidades reales.

Fotografía: Díaz Uriel