Al margen de la decisión que adopte finalmente la Justicia sobre las responsabilidades de Miguel González de Legarra y más allá de las evidentes motivaciones de desgaste político que subyacen para aventar el caso, la polémica derivada por las contrataciones en ‘Logroño Turismo’ abre otro ángulo de análisis como es el sentido y la validez de ésta y otras fundaciones cortadas por el mismo patrón. Mientras la eficacia de lo público continúa en el punto de mira del ciudadano por la falta de agilidad de su estructura y un funcionariado enquistado, ese mundo paralelo habitado por fundaciones sigue girando sin que ningún partido haga ningún gesto por ponerle freno o, al menos, inyectarle una necesaria dosis de trasparencia.
Su propia existencia carga de razones a quienes se preguntan por qué existiendo concejalías, consejerías y departamentos de la Administración que oficialmente cumplen esas funciones deben perdurar entes que en teoría desarrollan las mismas tareas a escasos metros de los ayuntamientos o gobiernos que los alientan. Más inquietante si cabe es que ese lugar común compita con otro instalado entre la gente de a pie, que asume estas entidades como el coto que cada formación se reserva para ubicar a personal de su órbita o pagar favores a empresas afines.
Fijar unas reglas de juego nítidas en las fundaciones debe ser la llave para que eludan el descrédito que cierne sobre lo público y esas paradojas y duplicidades que, al final, siempre paga el contribuyente con la excusa de que todo es gratis.
Fotografía: Jonathan Herreros
