La obsesión compulsiva por el ajuste ha puesto sus ojos en los ayuntamientos. Y lo ha hecho con la misma cuenta de la vieja con que se ha justificado la tijera en la universidad, la sanidad, el sistema bancario o la factura farmacéutica: recortando tanto, ahorramos cuanto. Sin más detalle que el brochazo gordo, al margen de excepcionalidades, con el solo argumento de la crisis, el Gobierno calcula que se limarán 10.500 millones de euros al déficit público eliminado un consistorio por aquí y fusionando dos pueblos por allá. El cálculo quizás pueda saciar la sed de previsión de ingresos que los tecnócratas hacen sobre una tabla excel, pero ha puesto en pie de guerra a las pequeñas localidades sobre las que se cierne la medida.

El anuncio huele a globo sonda. Ni siquiera (al menos de momento) hay constancia de cuál será el límite de población que el Ministerio maneja para la agrupación de consistorios. Algunas fuentes lo cifran en 1.000. Más tarde se habló de 5.000. Cualquiera que sea el umbral, la comunidad autónoma sería la más afectada por su marcada dispersión poblacional, ya que de los 174 municipios apenas 31 superan el millar de vecinos. ¿Alguien se imagina levantarse un día y le digan que pertenece al pueblo de al lado? ¿Pueden las fronteras locales borrarse de un plumazo? Además de inconcreta, la medida choca frontalmente contra los sentimientos y la historia de la mayoría de los municipios que ninguna cuenta de resultados, ni siquiera los números rojos, pueden recortar.

En La Rioja, la posibilidad ha provocado algo inédito: aun con la habitual dosis de reproche, PP y PSOE están de acuerdo en que la medida no tiene ni pies ni cabeza. Al menos, con el carácter de obligatoriedad con que se ha planteado inicialmente. Ambos partidos abogan por lo que ya se ha venido dando en la región para optimizar los recursos de los ayuntamientos con menos recursos o más dificultades para una gestión profesionalizada. Esto es, colaboración en servicios comunes de recogida de residuos, extinción de incendios, secretarios municipales.

El frente común y los alegatos a la autonomía local topan, sin embargo, con la tozudez de todas las medidas de un tenor similar que se han implementado en las últimas fechas. Si es posible intervenir un gigante bancario, ¿cómo se va a resistir un pequeño pueblo a fusionarse? Ahora que Bruselas tiene en el punto de mira a países enteros y éstos a sus comunidades autónomas, ¿va a escaparse del cepo un ayuntamiento menor?

Quizás la mejor reflexión sobre todas las elucubraciones a que ha dado lugar el anuncio del Gobierno central la daba hace pocas fechas un veterano alcalde de una de esas pequeñas localidades sin aeropuerto ni autovía: “En esos despachos de Madrid no tienen ni zorra idea de qué es un pueblo y cómo funciona”.