Los Presupuestos Generales del Estado suelen explicarse mediante cifras. Se califican por la restricción o por la expansión de cantidades y se pueden defender o se deben criticar por los tantos por ciento de aumento o disminución de los ingresos y los gastos, así como por la orientación social de éstos.

Me apartaré hoy de esta costumbre. No voy a hablarles de números para criticar el Proyecto de Presupuestos, porque debo hacerlo de ética, de moral.

Estoy de acuerdo con el PP cuando dice que los Presupuestos Generales del Estado, al igual que los de todas las Administraciones Públicas, deben ser austeros como nunca, y que nada que no sea imprescindible debe estar contabilizado como gasto si queremos remontar la crisis.

Es cierto que el PP ganó las elecciones diciendo a los ciudadanos que la crisis era un simple problema de confianza, como también lo es que nada de lo que ha hecho dijo entonces que era necesario hacerlo, de tal forma que cien días después de estar en el gobierno de España el riesgo de nuestro país en el mercado ha superado de nuevo al de Italia, mientras la UE ha reforzado su vigilancia, con ampliación del fondo de rescate incluida. ¿Dónde está la confianza?

Todo eso es cierto, pero no voy a ir por ahí tampoco. No me interesa ahora entrar a debatir los mensajes electorales. El ciudadano, estoy convencido,  sabía hasta qué punto la crisis era o no un problema de confianza.

Tampoco quiero detenerme hoy en algo tan fundamental como que aceptando  reformas  necesarias financieras, laborales y sociales, las reformas que ha planteado hasta ahora el PP son tan drásticas como dramáticamente inútiles, que en lugar de crear empleo, crédito o racionalidad en los servicios, plantean la destrucción del sistema de bienestar y el agravamiento de la crisis-recesión. No. Hoy ni tan siquiera voy a detenerme en algo tan vital para nuestra sociedad.

Hoy voy a hablarles de algo previo, voy a hablarles de valores.

El PP para sacar adelante las cuentas del Estado  ha previsto que nos echen una mano los defraudadores. Pero no piense que es quitándoles lo que nos han robado a la sociedad por no contribuir, no. Es perdonándoles y que a cambio nos den una propina del 10%.

La medida más importante  que el PP  ha aportado en la aprobación de los Presupuestos es una amnistía  fiscal. Supone que los defraudadores se salgan con la suya condonándoles sanciones, intereses y recargos y lo que es peor: su responsabilidad penal.

Por si fuera poco, se les garantiza el anonimato, es decir, quedarán limpios, como  si de ciudadanos o empresas honestas se tratara.

La sociedad, que se basa en reglas éticas y conductas ejemplares se encuentra que a quien se premia es al evasor, saliendo perjudicado el buen ciudadano y la empresa cumplidora.

El problema es que mediante esta modificación propuesta de la Ley General Tributaria, solo se benefician unos sinvergüenzas (que comete actos ilegales en provecho propio, o que incurre en inmoralidades, según la Real Academia), mediante el blanqueo de su dinero.

¿De verdad merece la pena tanta amoralidad? ¿Una sociedad puede por 2.500 millones, por 250.000  o por 2.500.000 vender el material de dignidad con la que pretendemos construirla?

La necesidad de dinero no nos puede envilecer hasta tal punto. El sistema y la Agencia Tributaria pierden legitimidad para exigirnos a los ciudadanos transparencia en sus obligaciones.

Si además coincide la amnistía fiscal en una norma como es la Ley de Presupuestos con recortes sociales y retrocesos de derechos, será lógico que muchos ciudadanos no se muestren de acuerdo.

Para corregir el déficit hay que mirar a los ingresos además de a los gastos. Algunos creemos que ante el esfuerzo fiscal de las clases medias, debíamos concentrarnos en acabar con la economía sumergida y el fraude  fiscal. Pero parece que el PP lo que quiere es acabar con la honestidad del contribuyente.

*Artículo de opinión publicado hoy en Diario La Rioja