Hace algunas semanas, a finales de diciembre, y en calidad de vocal de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, tomé parte en un debate con la Defensora del Pueblo en el seno de dicha Comisión de las Cortes Generales acerca de la situación de los centros de internamiento de extranjeros, los conocidos como CIES. El debate venía propiciado por los sucesos ocurridos en el CIE de Aluche, en Madrid, durante el mes de octubre de 2016, y el informe que la Defensora hizo de los mismos. El día anterior al debate, visité el centro, y si es cierto que solo puedo hablar bien de las autoridades y personal que me atendió, también lo es que confirmó las conclusiones a las que estábamos llegando, después de estudiar a fondo el asunto en el seno del Grupo Socialista, en torno a la situación de estas instalaciones, de sus carencias y de las disfunciones del sistema actual, conclusiones que recojo en este artículo.

Siendo la principal de estas la seguridad, tanto la de los internos como la de quienes les custodian. La ausencia de medios policiales, la disminución de las plantillas (recortes y más recortes) constatan el descontrol que se ha instaurado en la gestión de los CIES, gestión que resulta además opaca y conduce a los mismos a una situación insostenible, dicho sea de paso. Le sigue el abandono al que estos centros están sometidos por quienes debieran ser los máximos interesados en luchar contra el mismo: los responsables de su gestión, es decir, el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Policía.

Así pues, descontrol, abandono y opacidad son las categorías con las que podríamos definir la situación real que se da en estos centros. Y ante la misma, ¿qué hacer?: desde luego que no se puede carecer de los mismos, suprimirlos, pero tampoco emprender una política que tienda a su privatización, como a veces parece pretender el Gobierno. El camino es otro, debe ser otro: mejorar su gestión y reformar su funcionamiento para que sean eficaces.

Eficaces en relación con las instalaciones, y aquí quiero advertir una cuestión trascendental: la ley deja claro que los CIES no tienen carácter penitenciario. Pues bien, si no lo tienen, no pueden tener ni condiciones ni apariencia penitenciaria, y en ocasiones las tienen y así lo parece.

Y eficaces también en la propia entidad de los centros y su uso. El carácter dual, básicamente, de los internos de estos centros (según sean personas con delitos penales o con una simple infracción administrativa) merece que se ofrezcan alternativas para el segundo grupo (puesto que la coexistencia de los dos grupos es uno de los problemas también), tales como la comparecencia diaria, la localización electrónica o los pisos tutelados.

Una política adecuada para los CIES, actual y comprometida con los derechos humanos, necesita reformas profundas, como una evaluación de la situación real existente entre los centros de internamiento de extranjeros, que cuente con la participación de todos los agentes con competencia en la materia y con las organizaciones sociales, necesita que se garanticen las condiciones de vida digna, especialmente la asistencia sanitaria, jurídica, social y familiar, y necesita, sobre todo, una financiación suficiente para adecuar los CIES a las exigencias del Estado de derecho (hoy no lo están en muchos aspectos) y a las que se derivan de nuestros compromisos internacionales, empezando por algo elemental: que el ingreso en un centro de internamiento para extranjeros nunca comporte limitaciones o privaciones de derechos.

Por todo ello, los socialistas tenemos registrada una iniciativa en la Cámara para asegurar que los centros son utilizados con el propósito exclusivo que deben ser utilizados, como un lugar de tránsito y de estancia temporal muy limitada. Para que se cumpla, es necesario que el Gobierno dicte instrucciones precisas para que no se solicite el internamiento, excepto cuando el mismo se estime indispensable para una repatriación y no existan otras medidas cautelares menos restrictivas de derechos, es necesario que facilite el ejercicio de los derechos del interno previstos en la legislación en vigor y que esto se haga de manera que dicho ejercicio sea real y efectivo, y, por último, es imperativo que revierta de manera urgente el estado de abandono y descontrol de los centros de internamiento de extranjeros, merecedores de una atención a la altura de la dimensión de la realidad que soportan cada día. Las reformas y la eficacia han de llegar a los CIES. Esperamos que no sea, en algunos casos, demasiado tarde.

Artículo de opinión publicado en Diario La Rioja el 03/03/2017