Hace unos días, tomaba la palabra en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados para, una vez más y por otro medio más, hacerle llegar al Gobierno la necesidad de concebir las actuaciones en la carretera nacional 232 como la prioridad en nuestra región.

Los 140,81 kilómetros de la N 232 en La Rioja constituyen uno de los tramos más peligrosos (cinco puntos negros señalados por la DGT en 2016) y mortales de las carreteras españolas. Al intensísimo tráfico, se le une la infrautilización de una autopista paralela (AP 68) que ya debiera ser libre desde 2011, pero que el PP se encargó de que no fuera así, protegiendo los intereses de la concesionaria por delante de los derechos de los ciudadanos.

Esos 140 kilómetros acumulan 39 muertos en los últimos seis años (1 en 2012, 2 en 2013, 2 en 2014, 10 en 2015, 8 en 2016 y 15 en lo que va de 2017) y 196 muertos en 142 accidentes desde el año 2000, año en el que se prorrogó la concesión de la AP 68.

Hasta hoy, lo que nos encontramos por parte del Gobierno son compromisos y firmas administrativas al ritmo de los caracoles, rayas continuas como única medida para evitar la alta siniestralidad, un convenio restrictivo para el desvío del tráfico pesado por la autopista y un protocolo que es una especie de disfraz de la incompetencia. El PP riojano y el nacional se ocultan con él de los últimos seis años de la nada, la peor etapa de (no) inversión en infraestructuras de toda la etapa democrática. No ha existido ni planificación, ni presupuesto, ni ejecución.

Pero la 232 no puede esperar. Porque necesita, en primer lugar, una actuación urgente e integral, con dotación presupuestaria suficiente e inmediata para acortar plazos y poner en servicio una doble vía en el menor tiempo posible.