“Cinco años decisivos para la prosperidad y el bienestar de España y de los españoles en las próximas décadas.” Esta frase del presidente Zapatero puede resumir el debate que manteníamos el pasado día 22 de diciembre en el Congreso de los Diputados, a propósito de la reunión del Consejo Europeo de los días 16 y 17 de diciembre.

Con afán reformista y modernizador, siempre además en el seno de la Unión, con nuestros socios y aliados naturales y ya tradicionales, el Gobierno progresista del PSOE que preside Zapatero planteó como objetivo superior de nuestra política la defensa del proyecto común europeo; es decir, la defensa del euro, de la prosperidad económica y del Estado del bienestar como medio para garantizar el progreso global sostenible y la cohesión y protección social.

Por tanto, la senda de la recuperación económica con un nuevo modelo productivo para la creación de empleo, que emprendimos desde el inicio de las consecuencias en la economía real de la crisis especulativa y financiera, y las políticas de ajuste para reducir y consolidar nuestro déficit, de reformas estructurales y de gasto social se amplían ahora en un espacio europeo, el de la Unión, y para un tiempo de cinco años. Y deben ampliarse también en la dinámica de la responsabilidad. Pues deben ser políticas practicadas y desarrolladas con pactos, consenso y acuerdos en los ámbitos territorial y social, pero sobre todo con las fuerzas políticas, y principalmente con los conservadores del PP.

Este emplazamiento político de largo alcance que hacía Zapatero está motivado por la necesidad que tenemos, como país y como economía nacional, de solventar y superar los desequilibrios y deficiencias estructurales que esta dura crisis está mostrando con toda su crudeza, para seguir el ritmo reformador que ha iniciado la zona euro para su fortalecimiento y recuperación gradual.

Hemos hecho muchas cosas bien en los últimos 15 años, hemos crecido, hemos aumentado nuestra capacidad de innovación e internacionalización y nuestro gasto educativo, hemos mejorado nuestra presencia en el comercio mundial, pero hemos descuidado la productividad. Y esa baja productividad es la causa principal del resto de desequilibrios estructurales, como el déficit exterior, la menor competitividad o el endeudamiento.

Debemos en este momento incorporarnos a la iniciativa compartida de la Unión para tener un gobierno económico europeo; y para ello el Gobierno va a proponer, como decía, acuerdos y pactos, pero va a gobernar (ya saben: “cueste lo que cueste, me cueste lo que me cueste”) para corregir los desequilibrios estructurales de la economía. Y lo va a conseguir.

Eso significa: estabilidad fiscal a largo plazo, reforma del sistema de pensiones, más competencia y menos rigideces y corporativismo, menos cargas administrativas y más cooperación autonómica para evitar exigencias innecesarias, un pacto energético y preparar juntos el camino que se inició en el último Consejo Europeo hacia la armonización fiscal, laboral y educativa en la Unión.

Y eso supone también continuar con las reformas emprendidas para desarrollarlas, tales como la laboral, a través de las reformas de la negociación colectiva y de las políticas activas de empleo, y culminar otras como la reestructuración de las cajas de ahorros y la trasparencia en el conocimiento de la ejecución presupuestaria de las CCAA.

Lo hemos de hacer asumiendo un gran pacto de progreso y de compromiso, que es el que nos ha permitido consolidar el Estado de bienestar en estos últimos años, y que es el que nos tiene que guiar para emprender, sin dilación ni marcha atrás, reformas modernizadoras que nos permitan crecer con más productividad y competitividad, para incorporarnos al proceso de cambio europeo y preservar el modelo social incluyente y la prosperidad.

Artículo publicado hoy en Diario La Rioja