El pasado miércoles, pedí a mi grupo parlamentario que votásemos a favor de la aprobación en la comisión correspondiente del Congreso de la Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico.

Y así lo hicimos porque era necesario despejar la indefinición y la inseguridad. Una indefinición por la separación a la que obligan los reglamentos europeos entre los órganos de representación y los órganos de control y que, por tanto, obligaba a hacer cambios en la organización actual; y una inseguridad en cuanto a la personalidad jurídica, que estaba dando lugar a múltiples recursos sobre sanciones por incumplimiento de normas de elaboración o comercialización, que quedaban anuladas por los tribunales.

Es cierto que la ley era necesaria desde hace algún tiempo. Por eso es una ley que, prácticamente en su totalidad, estaba trabajada en la anterior legislatura; eso que se denomina herencia. Una ley que no pudo ver la luz, en parte por la obstrucción del Partido Popular y que, curiosamente, algunas de sus motivaciones de la obstrucción de ayer son las insatisfacciones de hoy que el sector encuentra al actual proyecto. No deja de ser paradójico. No obstante, celebro el consenso, precisamente, en estas dos cuestiones, indefinición e inseguridad, porque en torno al control, el proyecto de ley reserva para la Administración sus capacidades y establece la posibilidad de delegación de estas funciones en los organismos de control que superen unos sistemas de acreditación sobre la base de las normas UNE. En cuanto a la personalidad jurídica nos encontramos con la calificación de corporaciones de derecho público; es decir, que ya vamos en el camino de la definición y de la seguridad. El PSOE lo celebra, pero insisto, me llama la atención que las enmiendas presentadas cuyo contenido se exigía al anterior gobierno, hoy en cambio no solo no las presente el PP sino que las rechace.

Quiero que quede claro a todos los sectores implicados o afectados por esta ley, y en especial a nuestro querido sector del Rioja, que el PSOE no obstruye; el PSOE construye, y así lo hemos hecho con esta ley. Quiero reconocerles y felicitarles por su trabajo al expresar y fijar los grandes contenidos y reivindicaciones al proyecto de ley, desde la legislatura pasada. Por ellos, por su reivindicación, fundamentalmente, estamos ahora en este punto de la negociación favoreciendo y nunca obstaculizando su tramitación.

No obstante el consenso, quiero darles a conocer las modificaciones que el PSOE ha propuesto y que considera mejorarían la ley y que me temo que no prosperarán. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada de Rioja nos solicitó a todos los grupos políticos la presentación de dos enmiendas: una relativa a la emisión de certificados y otra para la definición de vino de pago calificado. El Grupo Popular ha recogido la enmienda de los certificados, pero no ha admitido la del vino de pago calificado. El Grupo Socialista sí ha recogido enteramente las sugerencias del Consejo Regulador, incidiendo especialmente en la figura de los veedores.

El resto de aportaciones del Grupo Socialista, unas han versado sobre la incorporación del derecho de la Unión Europea y normas internacionales y otras propuestas persiguen garantizar la representación paritaria entre productores y elaboradores en los órganos de representación en la entidad de gestión. También pedimos añadir nuevas funciones a las entidades de gestión consistentes en la emisión de certificados de origen a requerimiento de los interesados y en la misma línea, encomendarles no solo la notificación para la inscripción en sus registros de los datos necesarios, sino la inscripción misma, que de hecho llevan ya a cabo.

En materia de los derechos de propiedad intelectual en relación con los vinos, nuestras peticiones van dirigidas a modificar la Ley 24/2003, de la Viña y el Vino, por cierto como recomienda el dictamen del Consejo de Estado, para reintroducir la figura del ‘vino de pago calificado’ entre los términos calificados.

Respecto al régimen sancionador proponemos reducir el margen de tolerancia en relación con los datos contenidos en las contraetiquetas y las precintas, para considerarlos como infracciones muy graves, y sobre todo la elevación de las cuantías de las sanciones notablemente, para evitar que siga siendo rentable la comisión de infracciones.

Aprovechamos para hacer una modificación en otra Ley relacionada, como es la Ley de Cadena Alimentaria, para incluir cuestiones fundamentales que en su momento no se admitieron, en especial respecto a la figura del mediador de los contratos y las prácticas abusivas, al objeto de garantizar el pleno equilibrio entre todos los operadores y a lo largo de toda la cadena alimentaria.

En resumen, vamos a apoyar esta ley, vamos a apoyarla a pesar de que en algunas reivindicaciones se quede escasa, vamos a apoyarla a pesar de que no se recoge buena parte de las reclamaciones socialistas; pero es cierto que esta ley, por lo que decía al principio, tiene denominación de origen socialista en la legislatura pasada, es una ley que significa un paso adelante para las Denominaciones de Origen y para las Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito superior al de una Comunidad Autónoma. Y por eso, aun siendo mejorable, la apoyamos, sabiendo que es buena para los sectores afectados, también para el sector Rioja –como he venido explicando– y para el interés general. Por eso la vamos a apoyar.

*Artículo de opinión publicado en Diario La Rioja (15/03/2015)