“Cuando los hechos cambian, cambio de opinión. ¿Qué hace usted, señor?”. John Maynard Keynes.

No se recuerda un mes de agosto más perjudicial para la economía internacional que el que acabamos de culminar. En la otra orilla del atlántico, la primera economía del mundo, Estados Unidos, ha estado a punto de entrar en quiebra por la falta de acuerdo entre el partido demócrata y un partido republicano cada vez más lejos del centro y en manos del derechista tea party. Como consecuencia, la calificación de la deuda norteamericana se vio rebajada por primera vez en la historia. Europa tampoco levanta el vuelo: Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido han visto hundirse sus previsiones de crecimiento y, los más agoreros, afirman que estamos al borde de una nueva recesión.

Los datos no nos muestran eso de momento, pero ello no significa que dejemos de adoptar las decisiones que sirvan para afrontar el peligro. Y decisiones es lo que a escala europea urge tomar. La lentitud en la puesta en marcha del fondo de rescate a las economías griega, portuguesa e irlandesa, que no se hará hasta finales de septiembre, supone un elemento más de incertidumbre que no ayuda a la resolución de la crisis. El candidato socialista, Rubalcaba, lo apuntó en una reciente entrevista: la crisis nos pilló con el gobierno económico europeo en construcción, y la lección que debemos extraer es la de aligerar el paso y culminar el gobierno económico que permita responder al desafío que afronta el euro. La solución a la crisis es más Europa o no habrá solución posible.

Como economía integrada que somos, España no es ajena a estas tensiones. El coste de financiación de la deuda pública española se disparó hasta los 400 puntos básicos, la Bolsa se desplomó como no lo hacía desde 1998, y nos situamos en una peligrosa frontera que no podemos ni debemos rebasar. La situación es muy delicada, y exige de medidas contundentes que reafirmen la confianza a nuestros inversores de que somos un país que cumple con sus obligaciones. Esta es la razón de porqué constitucionalizamos un principio, el de la estabilidad presupuestaria: para garantizar el que todos los gobiernos sean del signo que sean, tendrán como guía el equilibrio de sus cuentas.

Confianza es la razón del porqué reformamos la Constitución Española. Muy esquemáticamente, la reforma introduce el concepto de estabilidad presupuestaria como principio constitucional, derivando a una ley la concreción numérica de lo que se entiende por estabilidad entre ingresos y gastos públicos. La reforma es extraordinaria pues, desde 1992, no afrontamos una reforma de nuestra Carta Magna; pero no es extraordinario el que introduzcamos el concepto de estabilidad en nuestra Constitución. La estabilidad presupuestaria tiene soporte jurídico en la llamada Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el Gobierno en 2006. En nuestra condición de Estado Miembro de la UE, anualmente, el Gobierno de España debe presentar a Bruselas un Plan de Estabilidad donde se concretan los objetivos presupuestarios en el corto y medio plazo; y el Tratado de la Unión Europea, el llamado Tratado de Lisboa, incorpora también el principio de estabilidad presupuestaria como valor a preservar por los países miembros, entre los que está España. Así que nada hay de excepcional en el hecho político de reformar la Constitución para incorporar un principio, la estabilidad, que los ciudadanos practican en sus cuentas familiares y que Europa y sus gobiernos, también el español, han incorporado hace años a su política económica.

¿La reforma es el fin de Keynes y de la diferencia entre la izquierda y la derecha? En absoluto. El principio de estabilidad presupuestaria se creó en Suecia con gobiernos socialdemócratas. No debe sorprendernos: la izquierda como arquitecta que es del Estado del Bienestar que hoy disfrutamos, es la primera que quiso asegurar la sostenibilidad presente y futura del Estado del Bienestar. De ahí la exigencia de contar con unas cuentas públicas sanas y estables que permitan garantizar la pervivencia de las políticas sociales a lo largo de los años. Si echamos un vistazo a diferentes países del mundo vemos cómo, por poner el ejemplo de Estados Unidos, el Presidente Clinton del partido demócrata registró superávit, mientras W. Bush, el amigo de Aznar, conservador republicano, disparó el déficit público estadounidense.

La estabilidad es un principio de buen gobierno, una guía de sensatez, que en la mayor parte de los casos asume la izquierda cuando gobierna y no la derecha. ¿Y en España? También. El gobierno de Zapatero fue quien, durante la primera legislatura, registró por primera vez en la democracia superávit presupuestario (más ingresos públicos que gasto) y sólo se rompió tal principio con la crisis económica y el pago de las prestaciones por desempleo a los millones de españoles que quedaron parados por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Por tanto, con esta reforma constitucional sigue habiendo diferencias entre la izquierda y la derecha. Lo que nos diferencia a conservadores y progresistas no es el déficit: lo que nos separa a progresistas y conservadores es a qué dedicamos los recursos públicos. La sensibilidad que tenemos unos, la izquierda, por la justicia social y la igualdad, y la que no tiene la derecha. Así que Keynes sigue vivo y coleando, y por muchos años.

El lector podrá pensar: ¿si era tan necesaria la reforma por qué no la hicimos antes? Primero, porque antes esa necesidad no era tal. La necesidad se crea tras las circunstancias económicas inéditas del mes de agosto a ambos lados del atlántico. Hacerlo antes hubiera sido inútil y nos hubiera dejado sin armas para calmar los ánimos cuando se necesitaba: justo ahora. Segundo, con la reforma constitucional nos situamos un paso por delante del resto de países europeos, y tendremos más fuerza para exigir a la Unión el gobierno económico que saque a Europa del atolladero en el que anda metida. En política es fundamental acertar en el momento de tomar la decisión. Este es un buen ejemplo. Es ahora o nunca. Antes o más tarde, convertiría la reforma en algo inútil para el momento de la verdad: hoy. Incluso, restaría valor futuro a un principio, el de la estabilidad, que debe guiar la acción de la política económica siempre. No deja de ser, a fin de cuentas, la estabilidad una garantía de progreso.

Tribuna de opinión publicada hoy en Diario La Rioja