Como sabéis, hoy hemos votado en el Congreso la toma en consideración de una proposición de ley que envió, para su tramitación, el Parlamento vasco por unanimidad de todos los partidos al Congreso de los Diputados.

Por tanto, eso es lo que hoy se votaba: una toma en consideración. Ni más ni menos. Un trámite indefinido y abierto a cualquier posibilidad en el futuro.

El País Vasco, al igual que Navarra, goza de un marco fiscal propio, amparado y respetado por la Disposición Adicional Primera de la Constitución Española, y que se plasma en el concierto económico, cuya normativa emana de las diputaciones forales, órganos institucionales legislativos y de gobierno de los tres territorios históricos: Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, y que como tales tienen el rango de reglamento, no el de ley.

En los años 90, una rebaja del impuesto de sociedades, ejercida en nombre de esa capacidad fiscal propia, reconocida no sólo por la Constitución, sino también por el ordenamiento comunitario, se convirtió en una forma de competir con deslealtad con las comunidades vecinas: Cantabria, Castilla y León y La Rioja.

Fue en ese momento de mayor perjuicio, por el abuso en la mala aplicación de la normativa, para los intereses socioeconómicos de La Rioja, cuando su Gobierno, presidido por un socialista, decidió recurrir al contencioso-administrativo de la mano de los agentes sociales y económicos.

Más tarde, diferentes gabinetes, con el apoyo de partidos, sindicatos y empresarios, han seguido recurriendo bajo los mismos presupuestos, y con el mismo interés: defendernos del ejercicio abusivo de las citadas normativas.

Hasta que llegó Aznar, retiró más de cien recursos del Tribunal Constitucional presentados por el Gobierno de España y firmó lo que ellos llamaron la paz fiscal.

Fruto del romance temporal de Aznar con los después tan demonizados nacionalismos periféricos, la presión fiscal de conjunto pasó a definirse en el Concierto como inferior, lo que era una garantía para riojanos, cántabros y castellanoleoneses, a equivalente, término ambiguo.

Más tarde, los recursos han seguido: Luxemburgo ha reconocido la capacidad fiscal propia de País Vasco y Navarra, pero también ha sentenciado como irregulares los incentivos fiscales otorgados en los 90.

Estos días se habla mucho de algo que no se ha producido ni se producirá: el blindaje del concierto vasco.

No se ha producido porque se debatía una toma en consideración, y no lo hará porque es imposible: en caso de modificarse el estatus de las normas forales, siempre se podrá recurrir: al Tribunal Constitucional, como ocurre con el resto de normas emanadas de parlamentos autonómicos, e incluso en el ámbito de la UE.

Además, nadie, espero, está en contra del concierto en sí, sino de aquellas aplicaciones que perjudican nuestros intereses.

Claro que los riojanos tenemos dos poderosos instrumentos en nuestras manos: nuestras instituciones y nuestro Estatuto. Con el Gobierno y con el Parlamento, expresiones de la soberanía del pueblo riojano, podremos recurrir tanto la propia ley que hoy hemos tomado en consideración, como su aplicación, si es que llegan a producirse tales acontecimientos.

Con el Estatuto de autonomía de La Rioja, gracias al artículo 46- que los socialistas introdujimos en una de las reformas- deberemos ser compensados por el Estado por los posibles agravios.

Hoy en día, cuando el conflicto es menor que en los años 90, parece lógico que desde Euskadi se quiera equiparar esos reglamentos con leyes. Personalmente, no me parece el mejor camino el planteado por el Parlamento vasco; porque el más lógico resulta de la modificación del punto 2 del artículo 6 de la Ley de Territorios Históricos, añadiendo una referencia a las juntas generales de los territorios históricos como órganos de los que pudiesen emanar normas con rango de ley. Y así, no sería necesario modificar ninguna ley orgánica.

En definitiva: hoy hemos votado una toma en consideración, sólo, que de seguir adelante no impedirá la defensa de nuestros intereses porque ninguna norma puede blindarse. Además, cualquier perjuicio deberá ser compensado.

Como deseo, quedaría pedir un imposible: que se evite el choque institucional que sólo busca el rédito a corto plazo y se abran vías diálogo entre las comunidades autónomas. El momento histórico que vive el País Vasco lo hace posible. Se trata de intentarlo.