Nos enfrentamos a un año donde la sanidad puede deslizarse por un camino irreversible. Sin dramatismos, pero con temores, quiero pasar a exponerles las reflexiones que motivan mi preocupación.

Primero. La crisis como coartada. La crisis económica y el recorte del gasto público han permitido a sectores conservadores o neoliberales proponer y adoptar medidas que no tienen una relación directa con la crisis, ni con el déficit, sino que se ejecutan por razones ideológicas, para cercenar el reconocimiento de derechos sobre la igualdad o en materia social.

Segundo. Ruptura del contrato social. El desmantelamiento del Estado del Bienestar –tanto en sanidad, como en educación, servicios sociales o seguridad social- supone romper con un modelo de sociedad reconocido e impulsado desde la transición en España. Esta ruptura del contrato social se está haciendo sin el acuerdo con los ciudadanos, por lo que el cambio de las reglas de convivencia democrática va más allá del proyecto de un partido político en una legislatura y de una mayoría absoluta para cuatro años. Por otra parte, aunque se entendieran como reversibles algunas de las medidas adoptadas este último año, el efecto producido es el  de un retroceso de 30 años en nuestros derechos civiles y sociales.

Tercero. La salud como negocio. En el caso de las medidas adoptadas en la atención sanitaria respecto al derecho a la atención sanitaria universal y equitativa, además de la vertiente ideológica, existe un negocio económico para diferentes sectores, especialmente, aseguradoras privadas que –hasta la fecha- han tenido un papel muy limitado en una actividad que moviliza en España más de 56.000 millones de euros anuales. La salud empieza a ser negocio y las expectativas de la sanidad privada están en sus mejores momentos, siendo de especial interés para entidades que buscan refugio en nuevos sectores ante el fracaso o el hundimiento del sector inmobiliario o de otras actividades especulativas.

Cuarto. La confrontación de intereses. La salud como negocio se enfrenta a la salud como derecho de los ciudadanos, lo que supone una confrontación de intereses que puede hacer incompatible el derecho de los ciudadanos a la salud. Si en el ámbito público la prioridad es garantizar el derecho de los ciudadanos a la atención sanitaria universal, equitativa y de calidad, en el ámbito privado el interés principal –legítimo, evidentemente- es la obtención de beneficio económico. Esto se traduce, salvo que exista la fijación muy precisa de las reglas de funcionamiento y control sobre actividades concertadas, que se limiten los recursos humanos o profesionales para la atención sanitaria, que se priorice la calidad aparente frente a la real o que no se actúe en sectores o zonas donde no exista un margen adecuado de negocio. Por ejemplo, en nuestra Comunidad Autónoma y, específicamente, en nuestras zonas rurales, tienen menos posibilidades de que se impulse la actividad sanitaria privada –salvo que “parasite” sobre recursos públicos- que en grandes ciudades donde se eleva el número de potenciales “clientes”. La atención primaria, especialmente, la rural, al requerir menos recursos económicos carece del interés que tiene la actividad hospitalaria para las empresas sanitarias. El aseguramiento privado excluirá o limitará la atención de enfermos crónicos o personas mayores ya que “consumen” muchos más recursos sanitarios que el resto de la población y carecen, por tanto, de interés económico.

Quinto. El aseguramiento privado. Una “vuelta de tuerca más” de la política sanitaria del Partido Popular. Durante los últimos años y, de manera concreta, en Madrid, la Comunidad Valenciana y en otras Comunidades gobernadas por el PP como La Rioja, su apuesta era la provisión sanitaria privada, es decir, desde un aseguramiento público a los ciudadanos, se impulsaban conciertos con empresas sanitarias para que la gestión de áreas de salud –el ejemplo más paradigmático ha sido Alzira en la Comunidad Valenciana o los nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid-, o que la atención sanitaria se realizara en hospitales privados (Ejemplo; Los Manzanos en La Rioja). Esto reportaba a estas empresas una importante capitalización de recursos que, en ocasiones, era contradictorio con la existencia de recursos públicos que se infrautilizaban con el deterioro de la red pública.

En la actualidad, manteniendo de manera intensa este modelo, se ha hecho una nueva apuesta y es la del aseguramiento privado. Se trataría de “alejar” del sistema sanitario público a las clases medias y trabajadoras, manteniendo una red pública residual sólo para situaciones de marginación, exclusión o beneficencia. Este resultado se intentaría alcanzar con las nuevas medidas legales que retornan a la figura del “asegurado” para la obtención del derecho a la atención sanitaria, el impulso de los seguros sanitarios privados y la reducción de la cartera básica de servicios de la red pública (el copago o la exclusión de determinadas técnicas o prestaciones). Los ciudadanos podrían optar por una atención sanitaria pública con prestaciones limitadas y destinada a personas sin recursos o un seguro privado que capitalizaría el gasto de los ciudadanos.

Finalmente, hay quien piensa que hemos podido gastar en sanidad “por encima de nuestras posibilidades, pero la realidad demuestra lo contrario; España gasta menos que la media de los países de la OCDE, – puesto 19 entre los países desarrollados- y garantiza un sistema cuya esperanza de vida es la 4ª del mundo y la de mayor equidad. Un ejemplo, Estado Unidos, que excluye a 40 millones de ciudadanos de la asistencia sanitaria –si la Reforma Obama no lo impide-, y gasta ¡más del doble! de recursos en términos homogéneos a través de sus aseguradoras privadas.

En el caso de La Rioja, mientras que el presupuesto sanitario de la Comunidad Autónoma ha descendido este año un 6 %, los conciertos con las empresas privadas no sólo no se reducen, sino que se incrementarán un 25 % respecto al año anterior.

Conclusión: no podemos destruir algo por lo que España puede sentirse orgullosa: su sistema de salud público. Animo a todos a defenderlo. El PSOE lo va a hacer desde su papel en la oposición, liderando el rechazo político y la defensa del modelo público universal y acompañando y escuchando las expresiones del malestar social; porque están en juego los derechos básicos y la prosperidad de todos. También la tuya, también tu futuro.