La grave crisis económica que padecemos globalmente tuvo su origen en una burbuja financiera, que en España se agravó con la inmobiliaria, y que tiene como principales consecuencias la recesión y la destrucción de empleo.

Era el momento de adquirir activos bancarios, ofrecer avales y afrontar el desplome de la construcción, de aprobar planes anticíclicos, de gasto público, y de asegurar las políticas sociales evitando que la deuda privada ahogase a las familias. Por eso, con superávit en unas cuentas sanas y equilibradas de España pudimos, desde el rigor y la solvencia, adquirir volúmenes de déficit razonable y recuperable en fases planificadas y escalonadas.

Durante la primera semana de mayo, la crisis mundial más intensa en 80 años presentaba una nueva fase, surgiendo las dudas sobre las garantías de emprender un rescate de Grecia, mientras el euro sufría un ataque sin precedentes.

En ese contexto, la UE, respaldada por el FMI, la Reserva Federal y Japón decidió aprobar un fondo de rescate para defender el euro por valor de 750.000 millones de euros e instar a los países miembros a acelerar sus planes de consolidación fiscal para reducir los déficits públicos y evitar un mayor deterioro en la situación del sistema financiero, de los mercados y de las deudas públicas.

Por tanto, estamos ante una política coordinada y articulada en torno a una respuesta comunitaria y mundial para defender y apoyar el euro y la unión monetaria y evitar un contagio de la situación griega.

En España, el Gobierno de Zapatero, socialista, ha propuesto ahora, como el resto de gobiernos europeos, una anticipación de la reducción del déficit previsto en el plan de consolidación fiscal para reducirlo gradualmente sin perjudicar la recuperación, que ya es un hecho, el crecimiento y la creación de empleo. El objetivo es reducir para el año que viene nuestro déficit público del 11,2 % del PIB al 6 %, (15.000 millones de euros, dos terceras partes de nuestro compromiso para cuatro años) dentro de un compromiso conjunto de la UE para estabilizar los mercados, controlar la deuda y contribuir a la estabilidad financiera de la UE.

Y queremos hacerlo así: mediante un esfuerzo colectivo, justo y equitativo. Para que, ante todo, prevalezca la cohesión social y el bienestar.

En coherencia con la reducción de 12.000 millones de euros ya en marcha, del plan de racionalización del gasto farmacéutico y de la subida del IVA, el presidente ha propuesto al país, a los ciudadanos, a las administraciones públicas y a los partidos unos objetivos más ambiciosos de ajuste de nuestro déficit para que la solvencia y la fortaleza de España no sea puesta en riesgo por movimientos especulativos que no van a poder con nuestra credibilidad, ni con nuestra confianza, ni con nuestra seguridad.

Así, pedimos un esfuerzo a los pensionistas para garantizar que la mitad de los pensionistas españoles cobren el año que viene lo mismo que este, sin rebajas ni recortes, y que la otra mitad, pensiones mínimas y no contributivas, vean aumentada su pensión en función del IPC. Podemos pedir este sacrificio porque desde el año 2004 las pensiones se han incrementado en más de un 30 %, y porque las pensiones mínimas con cónyuge a su cargo de más de 65 años han ganado 24 puntos de poder adquisitivo, mientras que durante 8 años del PP ganaron 4 puntos.

Es decir, en torno a la mitad de los pensionistas recibirán una pensión más alta en 2011 y la otra parte cobrará exactamente lo mismo que hoy. Se trata de que el poder adquisitivo que han ganado este año por encima de la inflación se consolide el año que viene cobrando lo mismo y otra parte, los de las pensiones mínimas y no contributivas, cobren un poco más.

Garantizamos que los funcionarios, empleados fijos, van a hacer un esfuerzo solidario y proporcional a su ingresos para apoyar a quienes no tienen empleo. El Gobierno ha venido subiendo el sueldo de estos ciudadanos año tras año desde 2004, hasta superar un 15% de incremento, pero precisamente por esto y por ser empleos fijos sabemos que hoy se puede hacer ese esfuerzo de solidaridad. Sabemos que detrás de esta decisión hay personas con nombres y apellidos que verán como al final de mes su nómina se verá reducida, y les pedimos a esos hombres y mujeres que hagan un sacrificio coyuntural para que entre todos contribuyamos a la recuperación. Todos tenemos que pensar especialmente en los que menos tienen, en nuestros conciudadanos que necesitan de la solidaridad de todos.

Y garantizamos también que las principales inversiones públicas del país no se paren gracias a un plan de inversión público-privada aprobado recientemente por valor de 17.000 millones de euros.

Estas son las razones de nuestra política. Realizar un esfuerzo de país para ayudar a los que más lo necesitan y para que España, como el resto de países de la Unión Europea, pueda volver a crecer económicamente y generar empleo.

Haciendo estas políticas ahora y así garantizamos el progreso y la prosperidad futura de España y de los españoles.

Artículo publicado hoy en Diario La Rioja