En primer lugar, los populares dieron pábulo a aquellos que preconizan la objeción aun sabiendo que no se sujeta en ningún fundamento serio de derecho, toda vez que el área viene avalada por una ley orgánica, y alentaron una campaña de profusión de objeciones entre los padres y madres de los estudiantes riojanos, de la que luego se desmarcaron para no quedar inmersos en un fiasco total, puesto que estamos viendo que las cifras recogidas son más bien escasas.
Habiendo abandonado a los sectores más conservadores en su cruzada contra la materia, el Sr. Alegre pagó su peaje al apoyo que le brindan con un desarrollo de los contenidos del área que omite varios principios básicos de la asignatura, provocando así el recurso del Gobierno de España ante un eslabón más en la cadena de enfrentamientos absurdos que perjudican a los riojanos, y que provocan choques innecesarios y baldíos entre administraciones.
Por mi parte, me gustaría reclamar a las autoridades regionales del PP que necesariamente tienen que trabajar en un acercamiento institucional y de cooperación con el Gobierno de España. Y me gustaría también sintetizar qué es Educación para la Ciudadanía, para que nadie se lleve a engaños.
Esta asignatura propone un modelo de relaciones basado en el reconocimiento de la dignidad de todas las personas, del respeto al otro aunque mantenga opiniones y creencias distintas a las propias, de la diversidad y los derechos de las personas.
Aborda la igualdad de hombres y mujeres en la familia y en el mundo laboral y la asunción de las propias responsabilidades.
Trata de la convivencia en las relaciones con el entorno, de los valores cívicos en que se fundamenta la sociedad democrática: respeto, tolerancia, solidaridad, justicia, igualdad, ayuda mutua, cooperación y cultura de la paz.
Asimismo, desde el reconocimiento de la diversidad cultural y religiosa presente en el entorno inmediato y asumiendo la igualdad de todas las mujeres y hombres en cuanto a derechos y deberes, incluye el respeto crítico por las costumbres y modos de vida distintos al propio y permite proporcionar elementos para identificar y rechazar situaciones de marginación, discriminación e injusticia social.
Propone un planteamiento social más amplio: la necesidad y el conocimiento de las normas y principios de convivencia establecidos por la Constitución; el conocimiento y la valoración de los servicios públicos y de los bienes comunes, y las obligaciones de las administraciones públicas y de los ciudadanos en su mantenimiento.
Para los estudiantes de educación secundaria, recoge la práctica del diálogo, el debate y la aproximación respetuosa a la diversidad personal y cultural, trata aspectos relativos a las relaciones humanas, desde el respeto a la dignidad personal y la igualdad de derechos individuales, el reconocimiento de las diferencias, el rechazo a las discriminaciones y el fomento de la solidaridad. Y se aborda la participación y representación en el centro escolar
Por último, desarrolla el conocimiento de los principios recogidos en los textos internacionales, la identificación de situaciones de violación de los derechos humanos, el funcionamiento de los estados democráticos y aborda alguna de las características de la sociedad actual: la desigualdad en sus diversas manifestaciones, el proceso de globalización e interdependencia, los principales conflictos del mundo actual, así como el papel de los organismos internacionales en su prevención y resolución.
Como habrán podido comprobar, los contenidos del área no sobrepasan en ningún caso una ética pública neutral, que está recogida en nuestras leyes, y que conviene que los ciudadanos conozcan también en el sistema educativo. De ahí que, además de confrontar por confrontar, ¿de qué tienen miedo en el PP, de la educación, o de la ciudadanía?