Esta mañana hemos conocido las resoluciones del Tribunal Supremo sobre la Ecociudad. Sentencias que dan la razón a los planteamientos que siempre defendimos los socialistas en La Rioja, y que deben conllevar responsabilidades en el Gobierno regional.

Me muestro satisfecho con las sentencias en primer lugar porque fue un Ayuntamiento, el de Logroño, con un Alcalde socialista, Tomás Santos, el que decidió recurrir a instancias judiciales este proyecto de ecociudad que el Tribunal Supremo ha paralizado.

Satisfecho, también, porque a los socialistas nos pareció siempre una invasión competencial desde el Gobierno regional a los ayuntamientos,  como el de Logroño.

Satisfecho porque el proyecto atacaba una zona protegida desde el punto de vista medioambiental y sostenible. Era una invasión de una zona protegida.

Y en tercer lugar satisfecho porque era un proyecto miope desde el punto de vista de hacia donde iban las cosas. Todavía en enero el Gobierno regional seguía manteniendo la ilusoria percepción de que las cosas podían ser cómo y cuándo ellos habían decidido liberalizar el suelo, y se ha demostrado que ello no podía ser así. Si ya en enero era un disparate intentar mantener un proyecto que invade las competencias municipales, un proyecto que invade una zona protegida medioambientalmente, era un proyecto que iba hacía atrás, hacia lo que en parte nos había llevado a como estamos ahora, el crecimiento sin ningún tipo de orden racional de la ciudad de Logroño, especulación del suelo y la burbuja inmobiliaria.

Las sentencias suponen que la razón que no le entró al Gobierno de la Rioja por sus propios medios, se la haga entrar por la Justicia.

Y estas sentencias tienen que llevar a buscar y ofrecer responsabilidades en el Ejecutivo regional. Cuando uno se mete en estas aventuras y recibe un contundente varapalo judicial, como gobierno, debe asumir y reconocer responsabilidades.