Que algún partido político tiene creado algo parecido a un Ministerio de Propaganda, aunque la rancia resonancia a dictadura y a guerra haga eliminar el nombre, lo suponemos casi todos; lo que no imaginábamos es que dicha propaganda fuese considerada una obligación, supongo que haciéndola pasar por propaganda institucional, y estuviesen especificados sus detalles en el Boletín Oficial del Estado.
Ya había observado, estos últimos años, unos enormes carteles en las carreteras en obras, y en pueblos y ciudades, en los que se informaba de la obra a realizar o en realización, pero nunca había dado en reflexionar sobre el “porqué” de aquellos carteles. Fue mi amigo Cosme, concejal de mi pueblo riojano, quien me abrió los ojos; fue con su respuesta a mi pregunta sobre la fecha en que comenzarían las obras, regaladas por el Gobierno de la nación para combatir el paro y el desempleo y morigerar la crisis: “No podemos empezar las obras porque no está hecho el cartel”. Ante mi asombro, por la ridiculez de la situación, siguió informándome de que en el Boletín Oficial se explicita la obligatoriedad del cartel, sus dimensiones y demás detalles necesarios, así como la imposibilidad de comenzar las obras, mientras no esté colocado en el lugar adecuado el famoso cartel. Ya interesado por aquel asombroso asunto y aparente disparate, le pregunté el precio del cartel de marras y me contestó: “Mil quinientos euros”.
Aficionado como soy a las matemáticas –profesional, en realidad- hice cálculos, teniendo en cuenta los más de ocho mil pueblos españoles, y, si cada pueblo colocara solamente un cartel, se gastarían más de doce millones de euros; además, como en las ciudades se harán obras por docenas, no sería descabellado inferir que se pueden gastar más de cien millones de euros en carteles, o sea más de dieciséis mil millones de las antiguas pesetas.
Ya sé que este gasto es poca cosa, comparado con el dinero a utilizar en esas obras para amortiguar el desempleo un par de meses –seguramente serán pan para hoy y hambre para mañana- pero es una de las peores formas que se me ocurren de tirar un dinero que bien se podría emplear en mejor causa para todos, menos para quien fabrica los carteles; y no me extraña que haya retrasos en las obras y no baje en número de parados en marzo, como se esperaba, si todos tienen que pedir a la vez el cartel. Yo me pregunto: ¿Qué beneficios nos trae a los ciudadanos el dichoso cartelito? ¿Para qué es indispensable? Uno cree haberlo visto todo, pero no deja de asombrarse. ¡País!
“ALONSO CHÁVARRI”