Últimamente se habla mucho de cohechos. Los profanos en materia judicial hemos aprendido, por la prensa, que existe el cohecho impropio y parece ser menos grave que el otro. En el D.R.A.E. una de las acepciones de la palabra cohechar es: “Sobornar, corromper con dádivas a cualquier funcionario público para que, contra justicia o derecho, haga o deje de hacer lo que se le pide.” Según esta definición, sería cohecho, no el hecho de aceptar dádivas, sino que, como contrapartida a los regalos, se haga algo impropio o se deje de hacer algo propio.
Dicen que si los políticos aceptan regalos cometen cohecho impropio. Todos estaremos de acuerdo en que la invitación a comer ,en las fiestas de una localidad, al político de turno, es una deferencia obligada y no tiene nada de cohecho; como tampoco lo sería el recibir, como regalo, el producto típico de la zona: anchoas de Cantabria, miel de
Sin embargo, hay otro tipo de regalos, que se consideran usos normales en política, y a mí me parece que se ajustan a la definición de cohecho. Me refiero a esas negociaciones parlamentarias, en las que se comprometen ingentes cantidades de dinero público, para alguna comunidad o para proyectos concretos, que consideran oportuno ciertos partidos pequeños o secciones regionales de partidos grandes, cuyos votos son necesarios para la mayoría gubernamental en las Cortes generales. Esto si me parece que se ajusta a la definición de cohecho, porque es “sobornar con dádivas” –dar más dinero a una comunidad del que estaba previsto-, para que “contra justicia” –se suele dar más dinero a comunidades que lo necesitan menos- “hagan lo que se les pide” –dar el voto o cambiar su sentido, para que el partido gobernante tenga mayoría parlamentaria-. Sin duda, a veces, se debería leer el diccionario para no dar lugar a malentendidos. O quizás diese lo mismo.
“ALONSO CHÁVARRI”