Epicentro del debate municipalista, el anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local ha movilizado a la Federación Riojana de Municipios. El ente presidido por Roberto Varona (Grañón, 1965) ha consensuado una gavilla de alegaciones que, según el también alcalde Huércanos, buscan mejorar el texto y el servicio a los ciudadanos.

-¿Es buena esta Reforma Local para los municipios riojanos?
-En términos generales, sí. Aún se encuentra en una fase muy inicial, pero va a definir las competencias propias, la eficacia, la trasparencia, el ahorro y la calidad de los servicios. En definitiva, va a quedar marcado ese terreno de juego de los ayuntamientos y, luego, tendrán que dotarnos económicamente de forma suficiente para que desarrollemos esas competencias con la calidad del coste estándar que se nos pide. Tiene además que ser una reforma necesariamente buena, porque la llevamos exigiéndola hace más de 20 años y este Gobierno ha tenido al fin la valentía de acometerla abriéndola a la participación de los implicados, lo cual demuestra la voluntad de consenso.
-El PSOE ha llegado a definir esta reforma como una regresión, la demolición del municipalismo.
-¿Llevamos media vida reclamando una reforma así y ahora que se acomete es malo? No lo entiendo. Los socialistas tuvieron la ocasión de hacerla, pero miraron para otro lado. El debate ha dado lugar a muchos titulares grandilocuentes, y el PSOE ha intentando sacar de contexto ciertas cuestiones. Entiendo que es el momento de despolitizar el debate y pensar sólo en la gestión de los ayuntamientos y el interés de los riojanos. La mejor prueba de ello es la unanimidad mostrada en la FRM, donde están presentes alcaldes de todos los partidos, en relación a las alegaciones presentadas.
-Pero en esas alegaciones se coincide en denunciar el ataque a la autonomía local que suponen algunos aspectos de la reforma.
-No hablamos de ataques ni disparos a la línea de flotación de los ayuntamientos. Lo que se viene a apuntar es que cada cual preserve su espacio y la reforma no suponga una intromisión en las competencias de cada Administración. Se trata sólo de marcar límites y, desde ese punto de partida, conjugar todos los intereses. Ahí se enmarca, por ejemplo, nuestra sugerencia de que no se hagan distinciones en función de los habitantes cuando las responsabilidades penales o las normas urbanísticas son iguales para todos.
-Aunque afirma que se marca el terreno de juego de los municipios, nada se sustanciará si no hay una financiación adecuada en un momento económico nada boyante.
-De lo que se trata es de repartir lo que hay. Ahora la situación económica es la que es, y la filosofía de la propia reforma busca ahorrar eliminando duplicidades y no generando sobrecostes. Con ese sentido de eficacia y definiendo las competencias tanto del Estado como de las comunidades y los consistorios se puede dotar de suficiencia financiera.
-El factor económico fue precisamente uno de los acicates de la reforma. También desde La Rioja se arguyó que la mayoría de ediles no cobra ni son la causa de la crisis. Sin embargo, en las alegaciones de la FRM se reclama un sueldo de 15.000 euros para los alcaldes de los pueblos más pequeños.
-No decimos que cobren, sino que tengan la opción de ello. Lo que reclamamos al legislador es que la tabla de retribuciones descendente que propone según la población no se quede en los municipios de más de 1.000 habitantes. Le pedimos que abra esa posibilidad, y que luego sean esos ayuntamientos pequeños, siempre que cumplan unos requisitos (solvencia, estabilidad presupuestaria…) y así lo decida el pleno, se habilite una retribución para el alcalde o un concejal liberado de -85% del sueldo de un secretario de Estado. No olvide que habilitar una paga de este tipo es una opción que ya tienen los pueblos más pequeños pero casi nadie ha hecho uso de ello.
-¿Y por qué 15.000 y no más o menos? ¿Por qué igualar a un pueblo de 999 habitantes con otro de 9?
-Es, simplemente, por ser respetuoso con la tabla marcada por el Ministerio. De lo que se trata sobre todo es de dignificar la labor de alcaldes que, sin los medios y recursos de municipios más grandes, hacen de todo por su pueblo 24 horas al día.
-Hacer tabla rasa es también contra lo que la FRM clama en la alegación relativa al coste estándar de servicios que se pretende fijar.
-Porque la realidad de cada pueblo es distinta. Nos parece más justo dos cosas: que además de criterios economicistas se introduzcan otras variables de carácter demográfico, turístico o geográfico y que, como pasa en La Rioja, puedan acordarse con la comunidad esos costes y servicios en los órganos de colaboración que vienen funcionando hace tiempo.
-Para que todas esas bondades de la reforma se cumplan urge también la autocrítica de un colectivo que no es ajeno a la corrupción.
-En cualquier profesión hay quien trasgrede los límites. Y también hay unos pocos de los casi 75.000 alcaldes y concejales de España implicados en escándalos. Eso va con la persona, no con el cargo, y debe actuar la justicia. Hay una regla básica en política: como cualquier humano podemos meter la pata en la gestión, pero jamás meter la mano en la caja.

Fotografía: Sonia Tercero