Hubo protestas. Otra vez. Ni más ni menos que en ocasiones anteriores. Sin embargo, la de ayer, la correspondiente al mes de abril, traerá consecuencias. Al tiempo. El desalojo indiscriminado del salón, a excepción de la prensa, vino acompañado del llamamiento a PP y PSOE de la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, para buscar fórmulas que garanticen «el normal funcionamiento y la democracia» en los plenos del Ayuntamiento de la capital.
El ‘sí se puede, pero no quieren’ de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH de La Rioja) se entremezcló con el conflicto laboral que mantiene Interior con la Policía Local, lo que unido con el intento de entrega de alrededor de cuarenta cartas manuscritas de ‘desahuciados’ a la diputada nacional y también concejala popular, Conchi Bravo, interpretado como ‘escrache’ por el equipo de Gobierno, llevaron al presidente del pleno, Rodolfo Rubio, a la expulsión de todos y cada uno de los integrantes de un público que abarrotaba las gradas.
Las consecuencias inmediatas se materializaron en la idea lanzada por la regidora municipal de la necesidad de controlar el acceso a los plenos para que se celebren dentro del orden establecido. El PSOE recogió el guante, si bien precisando que no piensan contribuir a restringir de ninguna manera el derecho a la participación. No en vano, ayer mismo, el desalojo sin distinciones –afectó incluso a dirigentes populares y socialistas como Esther Herranz e Inmaculada Ortega, respectivamente–, dejó fuera a colectivos que acudían al reclamo de algunos de los puntos del orden del día sin más.
Público asistente al pasado pleno. / Miguel Herreros
«Hemos entrado en una deriva que nos debe llevar a la reflexión y no permitir cierto tipo de actuaciones, que no son puntuales sino que se vienen repitiendo en los últimos meses… hemos asistido al insulto, la descalificación y actitudes tales como las de venir a reventar un pleno que no se adecuan a lo que debe ser el ejercicio de la democracia», sentenció la alcaldesa en unas declaraciones que también tendrán sus consecuencias. «No podemos consentir, y yo no voy a consentir, que bajo el amparo de asistencia se instale la presión constante y las faltas de respeto sin justificación, se defienda la postura que se defienda», concluyó Gamarra, quien contó con el apoyo de su equipo.
Un punto de inflexión que marcó una sesión en la que las mociones centraron el debate… Los populares fueron desestimando todas y cada una de la terna presentada por los socialistas: la relativa a la petición al Gobierno de La Rioja para la habilitación de un aparcamiento en el solar del antiguo San Millán –ya aprobada por el PP, si bien fue el PSOE quien lo solicitó con anterioridad–; la relativa a la solicitud también a la Comunidad de no cerrar la Residencia Universitaria de La Rioja; y la que hacía referencia a la transformación de la Mesa contra la Pobreza en un Consejo Municipal contra la Exclusión Social.
Solo hubo acuerdo en la presentada por el PP a la que el PSOE presentó una enmienda relativa a las rampas de autobuses tras las denuncias ciudadanas de las que se hizo eco Diario LA RIOJA. Una transaccional incluirá en la ordenanza de accesibilidad universal un capítulo relativo al transporte público, en el que se establecerá la revisión diaria de las rampas y, si no funciona en dos autobuses consecutivos, dar servicio mediante un taxi adaptado.
